Las grandes constructoras eluden hacer un frente común contra el Gobierno en su conflicto con Ferrovial

Las grandes constructoras no desean hacer un frente común ante la ofensiva del Gobierno contra Ferrovial por su decisión de trasladar el domicilio social de la cabecera del grupo empresarial a Países Bajos. Mientras que algunas consideran que deben mostrar una postura solidaria de rechazo al señalamiento del Ejecutivo contra la empresa que preside Rafael del Pino, otras prefieren adoptar un perfil bajo y no interferir en un asunto que conside...

Las grandes constructoras no desean hacer un frente común ante la ofensiva del Gobierno contra Ferrovial por su decisión de trasladar el domicilio social de la cabecera del grupo empresarial a Países Bajos. Mientras que algunas consideran que deben mostrar una postura solidaria de rechazo al señalamiento del Ejecutivo contra la empresa que preside Rafael del Pino, otras prefieren adoptar un perfil bajo y no interferir en un asunto que consideran bilateral, entre Ferrovial y el Gobierno.

Así se ha evidenciado en el seno de Seopan, la asociación que agrupa a las grandes constructoras y concesionarias, entre ellas a las siete más grandes (Acciona, ACS, FCC, OHLA, Sacyr, San José y la propia Ferrovial). A media tarde del viernes, Seopan remitía un comunicado oficial en el que lanzaba duras críticas contra el Gobierno por los pronunciamientos de varios de sus miembros, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, en contra de la decisión de Ferrovial y los ataques personales a Rafael del Pino. En el mismo, se advertía de que la asociación adoptaría las medidas necesarias en caso de que se tomaran represalias contra Ferrovial.

“Y ante las descalificaciones de toda índole de las que la empresa está siendo objeto por la mera adopción de una decisión que únicamente persigue cumplir con la obligación que atañe a sus órganos de gobierno de realizar la mejor gestión de los intereses de sus accionistas e inversores, Seopan debe dejar constancia de su más absoluto rechazo y de su voluntad de ejercer cuantas acciones pudieran corresponderle ante cualquier medida que, con vulneración de la legalidad vigente, pueda constituir un trato desigual o discriminatorio de la empresa en el ejercicio de su actividad empresarial en España”, decía literalmente el comunicado en nombre y con el logo de Seopan.

Horas más tarde, casi a las 12 de la noche, la asociación remitía sorpresivamente un nuevo comunicado que, bajo el título “Aclaración del presidente de Seopan [Julián Núñez]”, señalaba: “Ni la intención de emitir un comunicado de prensa, ni su contenido, fueron puestos en conocimiento de las empresas asociadas previamente. En consecuencia, el comunicado emitido por Seopan debe considerarse única y exclusivamente, como mi opinión y valoración”.

¿Qué ocurrió entre la emisión del primer comunicado y la rectificación del mismo casi de madrugada? Oficialmente, nada, porque Seopan guarda silencio. Una portavoz de la asociación consultada por este diario no ha dado repuesta al ser consultada por el asunto. Pero fuentes del sector apuntan a que la nota causó “malestar” en algunos de los grandes asociados por su “hostilidad manifiesta hacia el Gobierno”, por lo que pidieron una rectificación urgente de la misma.

Llamada al orden

La llamada al orden al presidente de Seopan evidencia la división entre los gigantes del sector. Algunas de las compañías más significativas consideran que el comunicado puede interpretarse como que todas las grandes constructoras están haciendo piña contra el Ejecutivo, como han hecho, por ejemplo, la banca o las energéticas contra el impuesto especial que grava sus beneficios, aprobado por el Consejo de Ministros. Y nada más lejos de la realidad. En el seno del sector, la intención es evitar todo conflicto, esperar a que se calmen las aguas y mantener abiertos puentes de diálogo con el Gobierno, pues, no en vano, la Administración del Estado es la principal contratista del país y llevarse mal con el inversor público no es nunca un buen negocio. La nota de Seopan suponía echar más gasolina en el incendio, que ha crecido con la catarata de declaraciones altisonantes de varios miembros del Gobierno durante el fin de semana. Por eso, decidieron frenarla y atribuirla a una iniciativa personal del presidente de Seopan, Julián Núñez, apuntan fuentes del sector.

Las multinacionales españolas de las infraestructuras tampoco quieren que desde La Moncloa se interprete un apoyo incondicional a Ferrovial como un síntoma de que van a seguir su camino de trasladar la sede fiscal a otro país bajo la excusa del gran peso internacional de sus ventas. Al menos tres de ellas tienen más del 50% de su negocio fuera de España. En concreto, ACS (91%), Sacyr (67%) y Acciona (56%). Y les asusta sobremanera que se les atribuya el “antipatriotismo” cuya baza está jugando el Gabinete de Sánchez para ganarse el favor de la opinión pública, según las fuentes citadas.

Un dato muy significativo es que ninguna de las empresas rivales de Ferrovial se ha pronunciado oficialmente sobre el caso y solo han filtrado a los medios que no seguirán los pasos de la empresa de Del Pino. Ni Florentino Pérez (ACS) ni José Manuel Entrecanales (Acciona) ni Carlos Slim (FCC) ni Luis Amodio (OHLA), por citar algunos de los líderes más relevantes de las constructoras españolas, han salido públicamente en defensa de su colega Del Pino.

No solo Ferrovial se juega mucho en el embate a propósito de la sede. Encima de la mesa, hay asuntos tan relevantes como el mecanismo de revisión excepcional de precios de los contratos públicos que el Gobierno acaba de derogar y cuya prórroga piden las empresas; el nuevo sistema concesional cuando se instale el pago por las autovías o conflictos como las indemnizaciones por el fracaso de las radiales. Y en todos ellos, el Gobierno tiene la última palabra.

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