El despiste del PP en vivienda
Lo inaceptable es “no hacer nada” ante un mercado con más de 70.000 viviendas en manos de fondos especulativos y una incesante oleada de desahucios
La nueva ley de vivienda que ha anunciado el Gobierno ha desatado un intenso debate centrado sobre todo en sus aspectos económicos. Sin embargo, las críticas no han valorado suficientemente los intentos de reconocer el derecho a la vivienda un aspecto en el que España lleva un serio retraso respecto a Europa.
El amago del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley podría acabar en un serio chasco. El resultado judicia...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
La nueva ley de vivienda que ha anunciado el Gobierno ha desatado un intenso debate centrado sobre todo en sus aspectos económicos. Sin embargo, las críticas no han valorado suficientemente los intentos de reconocer el derecho a la vivienda un aspecto en el que España lleva un serio retraso respecto a Europa.
El amago del presidente del Partido Popular, Pablo Casado, de recurrir ante el Tribunal Constitucional la nueva ley podría acabar en un serio chasco. El resultado judicial podría ser lo contrario de lo buscado. Los jueces podrían acabar otorgando un mayor reconocimiento del derecho a la vivienda acogiendo los criterios dominantes en la Unión Europea.
Con independencia del desatino que supone anunciar el recurso de una norma, de la que todavía no se conoce su redacción, lo cierto es que el derecho a la vivienda ha experimentado notables avances en la Unión durante los últimos años.
El cambio más trascendental se registró en 2014, cuanto el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) declaró en su sentencia Monika Kusionová, que “el derecho a la vivienda es un derecho fundamental garantizado por el artículo 7 de la Carta” (de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea). Se trata de una resolución muy significativa que invoca varios pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
En España, el Tribunal Constitucional ha registrado un giro extraordinario en la última década. En 2010 mostró una sonora falta de sensibilidad al desestimar el recurso del juez Guillem Soler, ante la indefensión en que se encontraban las víctimas de las ejecuciones hipotecarias. El grave error del Constitucional fue enmendado por el TJUE en marzo de 2013 en el caso Aziz, que puso al descubierto el anacronismo de nuestras leyes, gracias al tesón del abogado Dionisio Moreno y el conocimiento del derecho comunitario del magistrado José María Fernández Seijo.
Posteriormente, el tribunal europeo ha dictado numerosas sentencias que han modificado varias normas españolas y la jurisprudencia del Supremo. Resoluciones que han empoderado a las asociaciones de consumidores y a cientos de miles de particulares que han acudido a unos tribunales para exigir sus derechos.
Estos cambios han alcanzado también al Constitucional. En febrero de 2019, dictó una sentencia, que significó un cambio radical en su trayectoria, al dar amparo a un particular que iba a ser desahuciado. Su fundamento fue garantizar la primacía del derecho europeo.
La solución del problema de la vivienda no está solo en manos del derecho. Los países que lo han resuelto, como Austria y Holanda, han desarrollado equipamientos de viviendas sociales, con participación de municipios, cooperativas y asociaciones sociales desde hace más de un siglo. En Viena y Ámsterdam, el 60% de sus habitantes viven en viviendas sociales públicas o privadas.
Sin duda la ley podría ser mejorada. Lo inaceptable es “no hacer nada”, según el PP, ante un mercado con más de 70.000 viviendas en manos de fondos especulativos y una incesante oleada de desahucios. Elevar los derechos de los más vulnerables es un buen comienzo.