La Audiencia ordena a la policía que examine la investigación interna que hizo el BBVA sobre los encargos a Villarejo
El juez pide “una nueva búsqueda de palabras clave” que no salieron a la luz tras las averiguaciones que el BBVA encargó a PwC sobre los pagos al comisario jubilado
La confianza del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en la investigación interna del BBVA sobre su participación en el caso Villarejo ya se puso en entredicho en junio pasado, cuando declaró el que la dirigió, Javier López Andreo. El magistrado cuestionó el trabajo del directivo de la firma PwC, y le exigió que enviara más documentos bajo pena de imputarle.
Este miércoles ha dado un paso más al acordar “poner a disposición de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la ...
La confianza del juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, en la investigación interna del BBVA sobre su participación en el caso Villarejo ya se puso en entredicho en junio pasado, cuando declaró el que la dirigió, Javier López Andreo. El magistrado cuestionó el trabajo del directivo de la firma PwC, y le exigió que enviara más documentos bajo pena de imputarle.
Este miércoles ha dado un paso más al acordar “poner a disposición de la Unidad de Asuntos Internos (UAI) de la Policía Nacional que asuma la investigación de este procedimiento los hits (documentos), 2,3 millones, obtenidos por PwC al aplicar las palabras claves". De estas palabras clave, solo se investigaron el 10%, tras la selección realizada por el despacho Garrigues, que dirige la defensa del BBVA en esta causa. Entre los documentos y palabras excluidos está el del presidente del banco, Carlos Torres así como los de otros que estuvieron implicados en el intento de asalto de Sacyr al BBVA en 2004, como Carlos Arenillas, Jaime Caruana, Joaquín Almunia, Manuel Pizarro y Juan Abelló, y que fueron investigados por Villarejo.
García-Castellón ordena que “esta información sea puesta en el lugar que a estos efectos se designe para poder materializar la diligencia. Por parte dela Unidad de Asuntos Internos se procederá a una nueva búsqueda, circunscribiendo las palabras clave (keywords) a los nombres de los encargos encomendados al Sr. Villarejo y a los principales investigados en dichos proyectos, conforme a la documentación incautada en poder de este”.
El BBVA emitió un comunicado en el que dijo valorar “positivamente esta resolución judicial, que permite avanzar en la investigación de la Audiencia Nacional que, como siempre hemos sostenido, es la que prevalece sobre cualquier otra y la que debe esclarecer lo sucedido. El juez destaca que BBVA ha aportado todos los resultados relevantes para la instrucción, acepta su ofrecimiento de documentación y desestima todas las peticiones de las demás partes”. No obstante, el juez acepta la petición de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, que está personado como acusación contra el banco, y que reclamó esta investigación adicional en los documentos del forensic.
El juez se centra en el departamento de Seguridad
Tras las investigaciones, el escrito del juez añade que “el resultado se pondrá a disposición del Juzgado, y se devolverán los hits a la entidad bancaria”. Con este paso, el juez quiere evitar que las pesquisas de la Policía se envíen a las partes y se pueda vulnerar la confidencialidad de algunos documentos del BBVA, tal y como ha reclamado la entidad.
En el auto el juez da otro paso más de relevancia. Requiere al BBVA "que identifique de forma clara y detallada el organigrama completo del departamento de Seguridad Corporativa desde el 2004 hasta la actualidad, así como la totalidad del personal adscrito a ese departamento entre el 2004 hasta la actualidad identificando, además, su correo electrónico corporativo”.
La Audiencia pone el foco en este departamento como posible nexo de relación del comisario jubilado, José Manuel Villarejo, con el banco, ya que Julio Corrochano, jefe de Seguridad del BBVA, fue superior jerárquico del policía durante años.
Toda esta investigación está dentro de la pieza 9 del caso Tándem, que se investiga a la entidad financiera como persona jurídica por los presuntos delitos de cohecho, descubrimiento y revelación de secretos y corrupción en los negocios por los contratos que firmó con Cenyt -la empresa controlada por Villarejo- cuando este estaba en activo en la Policía y que le reportaron unos ingresos de 10,2 millones de euros.
El juez busca “eficacia y celeridad” en la búsqueda
A lo largo del auto, el magistrado apunta que revisar los 2,3 millones de documentos a raíz de las palabras clave no sería práctico y podría bloquear la investigación. Por eso, para buscar la “mayor eficacia y celeridad”, será el juez el que indique qué debe buscar la policía, “delimitando los criterios”. Admite que seguirá las peticiones de Luis Pineda, presidente de Ausbanc, que ha pedido reiteradas veces un nuevo análisis de los documentos encontrados por el BBVA. En concreto, se analizarán “los nombres de los encargos encomendados al Sr. Villarejo y a los principales investigados en dichos proyectos, conforme a la documentación incautada”.
“Una vez realizada la búsqueda, el resultado se pondrá a disposición del Juzgado, y se devolverán los hits a la entidad bancaria”, concluye. La Fiscalía en su escrito, es muy crítico con la actitud del BBVA en el proceso. Se queja de que el juzgado solo tenga los documentos “seleccionados por los letrados de BBVA. No puede compartirse, por tanto, que su actuación sea transparente”, afirma.
También indica que el banco “tampoco aporta los cientos de miles de hits que han ido considerando relevantes para la investigación y que se clasifican de mayor a menor relevancia en rojos, naranjas y amarillos según el mapa de calor aportado de entre los millones de hits encontrados. Pero ello lo efectúa sin explicar suficientemente, además, por qué los considera relevantes”, ya que ha venido calificando como “no relevantes” muchas documentos e información solicitada de forma expresa por el Instructor y por la Fiscalía”.
Por último, Anticorrupción se queja de que “las partes no pueden dirigir el trabajo de PwC por lo ya expuesto, ni el Juzgado puede designar a dicha consultora como perito judicial en este procedimiento por elementales razones de conflicto de intereses”.