España no ha evaluado el coste-efectividad en gastos de salud, según los expertos
En España no ha existido una cultura de evaluación económica ni de utilización de criterios de eficiencia para orientar la asignación de recursos en salud y se ha preferido financiar la mayoría de las tecnologías sin evaluar formalmente la evidencia sobre su coste-efectividad.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio "Política farmacéutica española, ¿qué rol juega la evaluación económica?", presentado hoy por la Fundación Gaspar Casal con la colaboración de la Fundación AstraZeneca y en el que distintos expertos han resaltado la necesidad de institucionalizar el uso de cr...
En España no ha existido una cultura de evaluación económica ni de utilización de criterios de eficiencia para orientar la asignación de recursos en salud y se ha preferido financiar la mayoría de las tecnologías sin evaluar formalmente la evidencia sobre su coste-efectividad.
Esta es una de las principales conclusiones del estudio "Política farmacéutica española, ¿qué rol juega la evaluación económica?", presentado hoy por la Fundación Gaspar Casal con la colaboración de la Fundación AstraZeneca y en el que distintos expertos han resaltado la necesidad de institucionalizar el uso de criterios de coste-efectividad.
La actual crisis económica ha devuelto al debate político la evaluación económica de la salud, según ha destacado en una nota la citada Fundación, cuya directora, Carmen González, cree necesario generar "un debate para reflexionar sobre el presente y el futuro de nuestro sistema de salud".
Para lograr que criterios de eficiencia en la sanidad son necesarios "desarrollos adicionales de índole reglamentario, competencial y de procedimientos de gestión", así como "una actuación coordinada del sistema de evaluación de tecnologías" y una definición de quién va a realizar dichas evaluaciones.
Los autores del trabajo, que supone la segunda monografía dedicada a "Política y Gestión", han recordado también que para facilitar la aceptación de las decisiones basadas en la evaluación de las tecnologías sanitarias se debe contar con la participación de los profesionales y de la sociedad civil.