La Fiscalía pide que la Audiencia Nacional investigue el caso de Banca Cívica
La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que este tribunal es competente para investigar la denuncia de UPyD contra los consejeros de Banca Cívica por varios delitos en la fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol en Banca Cívica y la salida a bolsa de la entidad, absorbida después por CaixaBank.
En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía insta a su titular, Eloy Velasco, a que reclame al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona también la parte de la denuncia de la asociació...
La Fiscalía de la Audiencia Nacional cree que este tribunal es competente para investigar la denuncia de UPyD contra los consejeros de Banca Cívica por varios delitos en la fusión de Caja Navarra, Caja Burgos, Caja Canarias y Cajasol en Banca Cívica y la salida a bolsa de la entidad, absorbida después por CaixaBank.
En un escrito remitido al Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso Efe, la Fiscalía insta a su titular, Eloy Velasco, a que reclame al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona también la parte de la denuncia de la asociación Kontuz! contra el exdirector general de Caja Navarra Enrique Goñi por delitos societarios.
De esta forma, el Ministerio Público considera que sólo queda fuera de la competencia de la Audiencia Nacional la otra parte de la denuncia, dirigida contra el expresidente navarro Miguel Sanz y referida a un delito de prevaricación por omisión que "habrían cometido las autoridades supervisoras de Navarra al no haber efectuado las supervisiones e inspecciones" de Caja Navarra.
Tal y como señala el escrito, la titular del juzgado navarro se inhibió a favor de la Audiencia Nacional del fraude denunciado por UPyD en el proceso de fusión de las entidades, la posterior salida a bolsa y "hechos derivados de lo anterior".
Para la Fiscalía, "resulta obvio que esta última expresión debe incluir cualquier manipulación efectuada en la contabilidad o administración de la sociedad que afectara a un irregular proceso de fusión y salida a bolsa de Banca Cívica, ocasionando el quebranto patrimonial" objeto de esta investigación.
Recuerda que la integración fue fruto de la operación de concentración entre entidades situadas en distintas comunidades autónomas, lo que justifica que la Audiencia asuma la investigación, y que además es necesario conocer sus respectivos informes de auditoría y los trabajos y documentación presentados a los supervisores.
Además, subraya que los hechos se enmarcan en la posible comisión de un delito de falsedad de las cuentas anuales, administración desleal, maquinación para alterar el precio de las cosas y apropiación indebida, "acciones ilícitas absolutamente vinculadas y conducentes todas ellas en su conjunto a la producción del daño".
Todo ello, prosigue, "consecuencia de un proceder delictivo que se habría prolongado en el tiempo y que habría supuesto la concatenación de posibles hechos delictivos", cuya culminación concluiría en un "extraordinario" prejuicio patrimonial para una generalidad de personas con gran afectación a la seguridad del tráfico mercantil y "seria repercusión en la economía nacional".
Es por esa "continuidad delictiva" por la que la Fiscalía cree que se deben aunar las denuncias en un solo procedimiento, con excepción de lo referente al delito de prevaricación por cuanto "tiene un objeto procesal propio y diferente de los hechos que conforman el núcleo de la investigación".
Una investigación que versa, además del fraude en el estreno bursátil, sobre el posible cobro indebido de dietas de los miembros de la permanente de la Junta de Entidades Fundadoras cuya fusión dio lugar a la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Navarra.
El escrito también alude al posible falseamiento de la contabilidad de la CAN mencionado en la denuncia, realizado a través de una contabilización "ad hoc" que incluía tanto la "indebida" de las plusvalías como la minusvalorización de activos mediante artificios que obviaban las normas contables.
Asimismo, se ha denunciado la presunta despatrimonialización de la entidad mediante inversiones a un precio irreal a favor de determinadas personas "que se habrían lucrado" así de los fondos de la entidad y compras de terreno a precios muy superiores a los del mercado a empresarios con créditos en la entidad sin "criterios de valoración objetiva de riesgos financieros", concluye.