Un informe del Congreso no detecta irregularidades en la contrata de Arturo
El informe que encargó la semana pasada el presidente del Congreso, Jesús Posada, a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la contrata que tiene adjudicada el grupo Arturo Cantoblanco no ha detectado ninguna irregularidad.
"No se ha detectado ninguna actuación fuera de la ley. El estudio concluye que aquí se ha actuado con plena normalidad y que en el pasado también ha habido absoluta normalidad", ha afirmado Posada, tras repartir el informe a los miembros de la Mesa.
El informe fue encargado después de que la cadena Ser difundiera el testimonio de trabajadores del grupo -pro...
El informe que encargó la semana pasada el presidente del Congreso, Jesús Posada, a los servicios jurídicos de la Cámara sobre la contrata que tiene adjudicada el grupo Arturo Cantoblanco no ha detectado ninguna irregularidad.
"No se ha detectado ninguna actuación fuera de la ley. El estudio concluye que aquí se ha actuado con plena normalidad y que en el pasado también ha habido absoluta normalidad", ha afirmado Posada, tras repartir el informe a los miembros de la Mesa.
El informe fue encargado después de que la cadena Ser difundiera el testimonio de trabajadores del grupo -propiedad del vicepresidente de la CEOE Arturo Fernández- que aseguraban que las horas extra, así como los complementos por cargos de responsabilidad, se retribuyen de forma habitual en dinero negro.
El estudio, al que ha tenido acceso Efe, indica que el Congreso "no ha tenido conocimiento formal de queja alguna por parte de los empleados que prestan servicios en la Cámara" y que, de la documentación que obra en su poder, "no se desprende, aparentemente, incumplimiento por parte de la empresa de sus obligaciones tributarias o con la Seguridad Social, en el ámbito del contrato que tiene formado con la Cámara".
Bajo el título "Nota sobre prestación del servicio de cafetería y restauración en los edificios del Congreso de los Diputados por la empresa Grupo Cantoblanco Alimentación S.L", el informe, de seis páginas, alude a la publicación de una denuncia por parte de los trabajadores de la existencia de algunas irregularidades en los pagos y argumenta que "resulta evidente que para constatar la existencia de tal incumplimiento es preciso contar con algún fundamento jurídico más sólido que la actual información con la que se cuenta".
"Sería preciso una sentencia judicial firme, o al menos un acto suficiente de autoridad administrativa competente", advierte.
El texto recoge que, en todo caso, "se ha de tener en cuenta que el actual contrato se encuentra en fase de prórroga, la cual finaliza el 1 de septiembre de 2013, habiéndose iniciado por la Secretaría General de la Cámara las gestiones oportunas para sacar a concurso un nuevo procedimiento".