CRISIS AJUSTES

Navarra rechaza el ajuste del PP y se compromete a defender su no aplicación

La presidenta del Gobierno foral, Yolanda Barcina; el vicepresidente y portavoz del Ejecutivo foral, Juan Luis Sánchez de Muniáin (i), y el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Javier Morrás (c), durante el Pleno del Parlamento en el que se debate, entre otros asuntos, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto Ley de medidas para la estabilidad presupuestaria y el fomento de la competitividad.EFE

En la resolución, que ha contado con el apoyo del PSN, NaBai, Bildu e I-E y con el voto en contra de UPN y PP, el Parlamento de Navarra muestra además su compromiso para poner en marcha "cuantos mecanismos jurídicos, políticos y sociales sean necesarios al objeto de impedir la aplicación en Navarra dichas medidas".

El legislativo se compromete igualmente a defender "la implantación de otras medidas de carácter anticíclico que reactiven la economía y fomenten la creación de nuevos puestos de trabajo".

En relación con la supresión de la paga extra de Navidad, la resolución insta al...

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En la resolución, que ha contado con el apoyo del PSN, NaBai, Bildu e I-E y con el voto en contra de UPN y PP, el Parlamento de Navarra muestra además su compromiso para poner en marcha "cuantos mecanismos jurídicos, políticos y sociales sean necesarios al objeto de impedir la aplicación en Navarra dichas medidas".

El legislativo se compromete igualmente a defender "la implantación de otras medidas de carácter anticíclico que reactiven la economía y fomenten la creación de nuevos puestos de trabajo".

En relación con la supresión de la paga extra de Navidad, la resolución insta al Gobierno de Navarra a que abone, en el mes de diciembre, a sus trabajadores, tanto laborales como funcionarios, una "paga especial de fin de año" de cuantía equivalente a la del mes de julio.

El Parlamento considera "de extrema gravedad social", la actual política económica y las medidas del Real Decreto-ley de 13 de julio, "por la injusticia social que suponen, por el efecto de recesión económica que pueden producir, por la falta de estímulo de la actividad económica y de contribuir a la creación de empleo".

También "por el ataque a las competencias de nuestro autogobierno", por lo que anima a la sociedad a participar en las movilizaciones de rechazo de dichas medidas.