Olympus reconoce que ocultó pérdidas pagando de más para comprar otras empresas
El fabricante japonés de cámaras identifica a tres directivos por supuesto desvío de hasta 1.500 millones de dólares a paraísos fiscales. -El caso obliga al Gobierno a cambiar la ley
El escándalo de Olympus se agranda. La propia compañía, que se ha visto envuelta en la polémica desde que hace semanas se reveló que recurría a prácticas irregulares para maquillar sus cuentas, ha admitido hoy que tres de sus altos ejecutivos ayudaron a desviar fondos y a ocultar los números rojos acumulados durante décadas. Para ello, los supuestos responsables inflaron a conciencia el valor de algunas empresas que fueron adquiridas por la compañía japonesa pese a que no tenían nada que ver con su negocio, centrado en la fabricación de cámaras de fotografía y equipo médico. La noticia llega d...
El escándalo de Olympus se agranda. La propia compañía, que se ha visto envuelta en la polémica desde que hace semanas se reveló que recurría a prácticas irregulares para maquillar sus cuentas, ha admitido hoy que tres de sus altos ejecutivos ayudaron a desviar fondos y a ocultar los números rojos acumulados durante décadas. Para ello, los supuestos responsables inflaron a conciencia el valor de algunas empresas que fueron adquiridas por la compañía japonesa pese a que no tenían nada que ver con su negocio, centrado en la fabricación de cámaras de fotografía y equipo médico. La noticia llega después de un mes en el que la firma electrónica nipona había negado reiteradamente las acusaciones.
Los tres ejecutivos sospechosos son el ex presidente de Olympus, Tsuyoshi Kikukawa, el vicepresidente ejecutivo de Hisashi Mori, quien ha sido despedido hoy mismo, y el auditor Hideo Yamada, según ha comunicado el presidente de la compañía, Shuichi Takayama. Sobre ellos pesa la acusación de irregularidades contables en la compra de Gyrus Group y otras tres empresas entre 2006 y 2008 en las que se habrían desviado unos 1.500 millones de dólares a paraísos fiscales.
Michael C. Woodford fue despedido de su cargo como presidente ejecutivo de Olympus el 14 de octubre tras destapar el caso. En su denuncia asegura que la empresa abonó 687 millones de dólares a una consultora radicada en el paraíso fiscal de las Islas Caimán (Axam Investments, ya desaparecida) por asesor la compra de Gyrus Group, operación que se cerró en 2.000 millones de dólares. La adquisición se realizó a instancias de los ejecutivos ahora identificados.
Pero hay más. La investigación interna e independiente ordenada por Olympus desde que se destapó el caso ha revelado a su vez que inflar los honorarios de los auditores y sobrevalorar las compras eran una táctica habitual en la empresa para ocultar las pérdidas acumuladas durante la crisis de los noventa. Esta práctica, denominada Tobashi, era muy común entre las firmas japonesas en la década de los ochenta y fue el motivo del descalabro de la firma de inversión Yamaichi, que había generado un agujero en sus cuentas de unos 3.300 millones de dólares al ocultar sus activos problemáticos.
Tras la confirmación por parte de Olympus de las irregularidades, sus acciones se han desplomado en la Bolsa de Tokio más de un 29%. También han tirado a la baja del conjunto del parqué tokiota ante las dudas que genera la actual legislación japonesa sobre gobierno corporativo, bajo sospecha desde el estallido en 1989 de la burbuja de los mercados financieros y que acabó arrastrando al país a dos décadas de estancamiento económico. Por este motivo, el índice Topix tecnológico se ha dejado un 1,7% mientras el gigante Nomura está en su nivel más bajo en 35 años tras ceder un 15% en las últimas jornadas.
Desde que se destapó el escándalo, los títulos del fabricante han perdido el 70% de su valor. Por este motivo, el regulador de la Bolsa nipona está barajando la posibilidad de excluirla del mercado principal.
Woodford también asegura que a través de estas irregularidades, la cúpula de Olympus, que da trabajo a unas 45.000 personas en Japón, desvió unos 1.000 millones de dólares a paraísos fiscales. Ante la controversia generada, el Gobierno ha anunciado que revisará la ley para asegurarse de que este tipo de escándalos no se vuelve a repetir.