Un juez argentino ordena a Repsol suspender la venta del 15% de YPF
El magistrado acepta las medidas cautelares solicitadas por un grupo de trabajadores que reclama 3.000 millones a la petrolera
Un juez argentino ha ordenado al grupo español Repsol suspender la venta de acciones de YPF al aceptar la solicitud de un ex trabajador de la petrolera argentina, según han informado en fuentes jurídicas. El magistrado Oscar Armando Valentinuzzi ha ordena la paralización hasta que se resuelva la demanda iniciada por un integrante de la Federación de Ex Trabajadores de YPF, que reúne a unos 25.000 antiguos empleados de la compañía que reclaman ser reconocidos como accionistas.
El juez de la ciudad argentina de Bell Ville ordenó además comunicar la suspensión de venta a la Comisión de Val...
Un juez argentino ha ordenado al grupo español Repsol suspender la venta de acciones de YPF al aceptar la solicitud de un ex trabajador de la petrolera argentina, según han informado en fuentes jurídicas. El magistrado Oscar Armando Valentinuzzi ha ordena la paralización hasta que se resuelva la demanda iniciada por un integrante de la Federación de Ex Trabajadores de YPF, que reúne a unos 25.000 antiguos empleados de la compañía que reclaman ser reconocidos como accionistas.
El juez de la ciudad argentina de Bell Ville ordenó además comunicar la suspensión de venta a la Comisión de Valores de los Estados Unidos (SEC, siglas en inglés) y a la Comisión Nacional de Valores de Argentina. El pasado 25 de noviembre Repsol había registrado ante la SEC una solicitud para vender hasta un 15 por ciento de su participación mayoritaria en YPF. Según el letrado, la resolución judicial impide asimismo "cualquier otra transacción bursátil, como sesiones o transferencias de las acciones".
En diciembre pasado la Federación de Ex Trabajadores presentó una denuncia contra Repsol e YPF ante el regulador del mercado estadounidense por supuesto fraude y por supuestamente ocultar a sus accionistas e inversores el reclamo de los ex empleados. La federación dijo que sus reclamaciones económicas ascienden a 3.000 millones de dólares.
Según alegan los demandantes, en 1990 se estableció que un 10% de las acciones de YPF quedara en manos de los trabajadores a través de un Programa de Propiedad Participada (PPP), por lo que los empleados pasaron a ser titulares de 35.300.000 acciones de clase C de la compañía.
Pero en 1997, de acuerdo a los querellantes, el Estado argentino y el directorio de YPF pusieron en venta las acciones clase C sin la autorización de los trabajadores, decisión que quedó plasmada en un decreto del entonces presidente Carlos Menem y que en 2001 fue declarado inconstitcional e invalidado por la Corte Suprema.
Sin embargo, las fuentes de YPF consultadas por Efe han señalado que ese mismo fallo del Supremo determinó que la petrolera "no tiene ninguna responsabilidad en relación con el reclamo de los ex empleados, siendo considerado el Estado nacional el único responsable".
Los demandantes también cuestionan que en 2008 Repsol haya vendido una participación del 14,9 por ciento en YPF al grupo argentino Petersen (familia Eskenazi) sin consulta ni visto bueno de ex trabajadores que se consideran legítimos accionistas de la petrolera. Repsol adquirió el 98% del paquete accionarial de la mayor petrolera argentina en 1999.