Los contribuyentes presentan menos quejas a Hacienda en 2009
La mayoría denuncia carencias de atención o de información por parte del erario público
Los ciudadanos remitieron en 2009 menos quejas y sugerencias a Hacienda que en el año anterior. Así lo recoge la Memoria del Consejo para la Defensa del Contribuyente -órgano dependiente del ministerio de Economía- en su última publicación anual. En concreto, los tributarios enviaron al organismo público 10.749 misivas, lo que supone un descenso algo superior al 9% con respecto a las 11.824 de 2008.
Como es habitual, primaron las quejas, un 95%, sobre las sugerencias, que representaron solo un 5% del total a pesar de experimentar un ligero repunte con respecto al ejercicio anterior.
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Los ciudadanos remitieron en 2009 menos quejas y sugerencias a Hacienda que en el año anterior. Así lo recoge la Memoria del Consejo para la Defensa del Contribuyente -órgano dependiente del ministerio de Economía- en su última publicación anual. En concreto, los tributarios enviaron al organismo público 10.749 misivas, lo que supone un descenso algo superior al 9% con respecto a las 11.824 de 2008.
Como es habitual, primaron las quejas, un 95%, sobre las sugerencias, que representaron solo un 5% del total a pesar de experimentar un ligero repunte con respecto al ejercicio anterior.
La mayoría de las quejas, un 42% de las mismas, demandaban información y atención al erario público; un 16% versaban sobre los procedimientos de gestión, un 5% sobre los de recaudación, un 4% sobre los catastrales y un 0,3% sobre los de inspección.
En cuanto al área de procedencia de las quejas, las que tienen que ver con la Agencia Tributaria (AEAT) representaron el 69%. Esto constituye un fuerte descenso con respecto a 2008, año en el que un 80% fueron de este tipo (descendiendo un 1,33% respecto a 2007). El resto de quejas se reparte entre el Catastro, un 12%, y otros organismos.
El Consejo para la Defensa del Contribuyente lleva funcionando desde 1.997 y la memoria que elabora es una buena herramienta para calibrar las relaciones entre los ciudadanos, en tanto que tributarios, con la Administración pública, así como la prestación de servicios que esta ofrece a aquellos.
Cualquier contribuyente que considere que se han vulnerado sus derechos, ya sea por deficiencias de trato y accesibilidad, o por incumplimiento de servicios, puede tramitar una queja que el Estado ha de responder en el plazo máximo de un mes. Ese mismo espacio de tiempo tiene después el ciudadano para manifestar una posible disconformidad con la respuesta y, finalmente, el procedimiento debe quedar concluido antes de seis meses.