Unos 300 trabajadores 'toman' un banco y una inmobiliaria para protestar contra la crisis
Los manifestantes reclaman la nacionalización de la banca, "una vez que se ha caído el mito del libre mercado" y critican el plan de ayudas
Unos 300 miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre ellos el parlamentario de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, irrumpieron ayer en una de las oficinas del banco BBVA en Granada y en la sede de la Inmobiliaria Osuna, en protesta por el plan de rescate de la banca del Gobierno central. El Cuerpo Nacional de Policía ha desalojado de forma pacífica a los encerrados en la sede de la inmobiliaria -unos 150- que se han trasladado hasta la oficina de la entidad financiera, donde ya se encontraban concentrados más de un centenar.
Los manifestantes reclaman la ...
Unos 300 miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT), entre ellos el parlamentario de IU, Juan Manuel Sánchez Gordillo, irrumpieron ayer en una de las oficinas del banco BBVA en Granada y en la sede de la Inmobiliaria Osuna, en protesta por el plan de rescate de la banca del Gobierno central. El Cuerpo Nacional de Policía ha desalojado de forma pacífica a los encerrados en la sede de la inmobiliaria -unos 150- que se han trasladado hasta la oficina de la entidad financiera, donde ya se encontraban concentrados más de un centenar.
Los manifestantes reclaman la nacionalización de la banca, "una vez que se ha caído el mito del libre mercado", así como un urbanismo "solidario y sostenible". Así lo ha destacado Sánchez Gordillo, quien ha acusado al Gobierno de practicar "la política del bandolerismo económico, al robar a los pobres, para dárselo a los ricos".
Gordillo ha tildado de "desvergüenza política" que el Gobierno "se haya gastado 150.000 millones de euros para rescatar a los bancos y otros 3.000 para las grandes inmobiliarias", por lo que sostiene que "es hora de salvar a los pobres y los débiles que están padeciendo esta crisis". Entre las exigencias del SAT, el sindicalista ha destacado la necesidad de que "todo suelo que pase de rústico a urbano sea público e inespeculable, lo que abarataría el coste de la vivienda en un 62%".