Competencia expedienta a Movistar, Vodafone y Orange por presunta concertación de tarifas
Investiga si pactaron la subida del establecimiento de llamada tras el fin del redondeo
La Comisión Nacional de Competencia (CNC), ha abierto un expediente sancionador a Movistar, Vodafone y Orange por presunta infracción de las normas de defensa de la competencia como consecuencia del reajuste de tarifas que tuvo lugar el pasado 1 de marzo, tras la entrada en vigor de la ley de mejora de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, que prohibía la práctica del redondeo y obligaba a las compañías a la tarificación por segundos.
El expediente, abierto tras la denuncias de varias organizaciones de consumidores, trata de detectar si las compañías llevaron a cabo...
La Comisión Nacional de Competencia (CNC), ha abierto un expediente sancionador a Movistar, Vodafone y Orange por presunta infracción de las normas de defensa de la competencia como consecuencia del reajuste de tarifas que tuvo lugar el pasado 1 de marzo, tras la entrada en vigor de la ley de mejora de protección de los derechos de los consumidores y usuarios, que prohibía la práctica del redondeo y obligaba a las compañías a la tarificación por segundos.
El expediente, abierto tras la denuncias de varias organizaciones de consumidores, trata de detectar si las compañías llevaron a cabo una subida coordinada de sus tarifas con el fin de mantener sus ingresos. En concreto, según informaron en fuentes de la operadoras, Competencia quiere averiguar por qué las tres compañías subieron un 25% el precio del establecimiento de llamada, fijando las tres un precio idéntico de 15 céntimos de euro (salvo una oferta especial de Vodafone).
La tramitación de este expediente sancionador puede concluir con la imposición de multas millonarias a las empresas que puede ascender hasta el 10% de su facturación anual, aunque este organismo independiente, adscrito al Ministerio de Economía, nunca ha impuesto multas de ese calibre.
La Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) ya realizó un informe el pasado mes de mayo a petición del Ministerio de Industria y del de Sanidad (Consumo). En el mismo no se ponía objeción a la subida de la cuota de llamada y no se pronunciaba expresamente sobre si hubo concertación de precios en ella, alegando que el mercado de la telefonía móvil estaba totalmente desrregulado.
El estudio de la CMT sólo señalaba que no ha habido una subida "significativa" de los precios en el reajuste de tarifas que llevaron a cabo las compañías de telefonía móvil el pasado mes de marzo para adaptarse al fin del redondeo. Así, la CMT certificaba que Vodafone había disminuido sus ingresos un 1% con el reajuste, mientras que Movistar y Orange los habían aumentado un 1,79% y un 2,62%, respectivamente.
Con la reforma legislativa, las operadoras dejaron de facturar por bloques de un minuto o de medio minuto, pero subieron un 25% el establecimiento de llamada (de 12 a 15 céntimos de euro) y modificaron el precio por segundo. Todas ellas sin excepción afirmaron que el efecto de esta modificación sería neutro, es decir, que ingresarían lo mismo antes y después del 1 de marzo. Pero las organizaciones de consumidores pusieron el grito en el cielo y motivaron que el Gobierno solicitara un informe a la CMT para conocer realmente lo que había pasado. Las mismas organizaciones no se sintieron satisfechas con estas explicaciones y denunciaron el asunto ante Competencia.
El asunto no está nada claro y el efecto puede que no sea tan neutral a la vista de los datos conocidos con posterioridad. Así, el último informe de la CMT indicaba que las operadoras habían aumentado sus tarifas un 6,5% entre abril y junio, pasando el ingreso medio por minuto, de 17,78 céntimos entre enero y marzo a 18,94 céntimos en el segundo trimestre. La subida fue especialmente importante para los clientes de prepago, cuyas tarifas se encarecieron hasta un 25%.
Denuncia de los consumidores
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) solicitó en además la suspensión cautelar de la subida de tarifas impuesta por las tres compañías, al entender que respondía a un acuerdo entre ellas contrario a las leyes de la competencia y que, de llevarse a cabo, iba a causar un "serio perjuicio" a los consumidores.
La OCU ha estimado en 1.208 millones de euros los ingresos obtenidos de forma abusiva por parte de las operadoras en concepto de redondeo, según datos de la CMT del año 2005. En concreto, 628,6 millones para Movistar, 362,4 para Vodafone y 217,4 para Orange.
Para esta organización, la subida resultaba injustificada ya que la mayoría de los costes del servicio se han reducido, según atestiguan informes de la CMT, que al mismo tiempo señalan que casi un 57% de las llamadas se realizan dentro de la misma red, por lo que son más baratas.
La CMT ha aplicado recientemente una reducción de los precios de interconexión, por lo que no hay una relación directa entre los costes del servicio, que bajan, y la subida de las tarifas, según la OCU El supuesto acuerdo entre operadoras, en opinión de la OCU, no ha tenido otro objeto que mantener su "status quo", así como los mismos ingresos que tenían antes de la aplicación de la Ley. Sólo con la subida del 25% del establecimiento de llamada, idéntica para las tres, las compañías recuperan el 60% de lo ingresado de más por el redondeo.
Posición de las compañías
Por su parte, las tres operadoras han negado tajantemente que haya habido acuerdo de precios. Todas ellas han coincidido en que el reajuste se produjo el 1 de marzo en cumplimiento de la ley que marcaba ese plazo.
La más beligerante fue Vodafone que indicó que su tarifa media es de 16,85 céntimos por minuto, frente a la media del sector de 18,94 que ha comunicado la CMT, lo que demuestra que no hay concertación.