La Comisión Europea expedienta a Italia por obstaculizar la fusión Abertis-Autostrade

Bruselas considera que el decreto que regula las concesiones de autopistas plantea restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento, y obstaculiza la fusión de ambas compañías

Tal y como se esperaba, la Comisión Europea ha abierto hoy un expediente a Italia por el decreto que regula las concesiones de autopistas en el país, al considerar que plantea restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento. Esta normativa, además, obstaculiza, según el Ejecutivo comunitario, la fusión entre Abertis y Autostrade.

Tal y como se esperaba, la Comisión Europea ha abierto hoy un expediente a Italia por el decreto que regula las concesiones de autopistas en el país, al considerar que plantea restricciones injustificadas a la li...

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Tal y como se esperaba, la Comisión Europea ha abierto hoy un expediente a Italia por el decreto que regula las concesiones de autopistas en el país, al considerar que plantea restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento. Esta normativa, además, obstaculiza, según el Ejecutivo comunitario, la fusión entre Abertis y Autostrade.

Tal y como se esperaba, la Comisión Europea ha abierto hoy un expediente a Italia por el decreto que regula las concesiones de autopistas en el país, al considerar que plantea restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento. Esta normativa, además, obstaculiza, según el Ejecutivo comunitario, la fusión entre Abertis y Autostrade.

En particular, Bruselas opina que el decreto de concesiones no aclara cuáles son sus objetivos políticos y permite tomar medidas sin justificarlas, a la vez que introduce demasiada incertidumbre sobre las condiciones de renovación, lo cual puede desanimar a los inversores.

Por otra parte, la norma recoge la amenaza de retirar las concesiones existentes si no hay un acuerdo entre las autoridades italianas y los concesionarios. Finalmente, Bruselas se congratula de que el Gobierno de Roma vaya a eliminar la limitación al 5% de los derechos de voto de las constructoras que participan en la gestión de una concesión, porque ello también supondría restringir indebidamente la libre circulación de capitales y el derecho de establecimiento.

Italia tiene dos meses para constestar

La apertura del expediente se produce bajo la forma de una carta de emplazamiento, primera fase de un procedimiento de infracción. Si no hay una respuesta satisfactoria de Italia en el plazo de dos meses, Bruselas podría pedir oficialmente al Gobierno de Roma que modifique el decreto o de lo contrario llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE.

El expediente de Bruselas se refiere al decreto-ley 262 del 3 de octubre de 2006 y en particular a su artículo 12, que regula la nueva disciplina sobre la revisión de las tarifas del peaje de las autopistas y el refuerzo del poder de ANAS, el regulador de autopistas italiano.

Este artículo es el que cambia la normativa de concesión de autopistas porque incluye la limitación al 5% de los derechos de voto de las constructoras, y las directrices para renegociar todos los contratos existentes, entre ellas los plazos en los que la convenzione unica sustituirá a las licencias existentes para todos los operadores, los principios que deben cumplir los nuevos contratos, y la amenaza de retirar la concesión si el concesionario no acepta los nuevos términos.

La Comisión acoge con satisfacción los cambios ya realizados

Bruselas entiende que el Gobierno de Roma ha introducido enmiendas al decreto-ley para eliminar el límite de los derechos de voto al 5%, acoge con satisfacción este cambio y pide al Parlamento italiano que lo adopte. Pese a ello, la Comisión sigue viendo problemas en el decreto, porque no aclara a los potenciales inversores las circunstancias objetivas y específicas en las que se renovarán o se retirarán las concesiones de autopistas, y por ello puede obstaculizar o hacer menos atractivo el ejercicio de las libertades fundamentales del Tratado, y no respeta el principio de seguridad jurídica.

En conclusión, la Comisión cree que las medidas contempladas en el decreto de concesiones italiano, aunque se aplique de manera no discriminatoria, no están justificadas y pueden restringir indebidamente el libre movimiento de capitales y el derecho de establecimiento.

Por otra parte, la comisaria de Competencia, Neelie Kroes, ha decidido suspender el procedimiento paralelo que sigue por el caso Abertis-Autostrade tras la reunión que mantuvo el pasado 7 de noviembre con el ministro de Infraestructuras italiano, Antonio Di Pietro, que le garantizó que no vetará la operación y que le comunicará previamente cualquier condición que pretenda imponer a las dos empresas para garantizar las inversiones.

"Interés legítimo" de Italia, según Kroes

La Comisión "reconoce que el Gobierno italiano tiene un interés legítimo para garantizar que la empresa que gestione el 70% de las autopistas del país invierta en su mantenimiento y mejora", explicó la semana pasada el portavoz de Kroes, Jonathan Todd. Pero al mismo tiempo, Bruselas seguirá velando para asegurarse de que "cualquier condición que se imponga en este contexto sea proporcionada en este contexto de garantizar el funcionamiento de las autopistas".

"El caso todavía está abierto, no hemos cerrado nuestro caso, pero de momento lo dejamos en suspenso a la espera de las medidas que tomen las autoridades italianas", concluyó Todd.

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