La Comunidad de Madrid recurrirá ante el Supremo el traslado de la CMT a Barcelona

El Ejecutivo de Aguirre señala denuncia "la operación de acoso y derribo por parte del Gobierno a una institución independiente"

La Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el traslado de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona, facultando para ello a la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, con el fin de defender los intereses de los trabajadores e, indirectamente, de la región de Madrid.

El vicepresidente primero, Ignacio González, explicó hoy tras la reunión del Consejo de Gobierno que la Administración autonómic...

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La Comunidad de Madrid, a propuesta de la Consejería de Economía e Innovación Tecnológica, presentará un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el traslado de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) a Barcelona, facultando para ello a la Dirección General de los Servicios Jurídicos de la Comunidad de Madrid, con el fin de defender los intereses de los trabajadores e, indirectamente, de la región de Madrid.

El vicepresidente primero, Ignacio González, explicó hoy tras la reunión del Consejo de Gobierno que la Administración autonómica presentará el recurso en los próximos días y añadió que la iniciativa está amparada en la legislación administrativa "que nos permite interponer ese recurso en defensa de los intereses de los trabajadores, y de la propia Comisión, y también defender indirectamente los recursos de la Comunidad de Madrid".

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González afirmó que la decisión del Gobierno central de trasladar la sede de la CMT a Barcelona responde únicamente a "criterios políticos" como "ha quedado de manifiesto en las declaraciones que hemos visto donde la práctica totalidad de los miembros, con Esquerra Republicana a la cabeza, se han felicitado de la operación de acoso y derribo que ha existido contra el presidente de la CMT, Carlos Bustelo, hasta provocar su dimisión", según dijo.

El vicepresidente primero denunció que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero "no ha tenido en cuenta las reivindicaciones de los trabajadores de la CMT, que están asentados en Madrid desde hace mucho tiempo y que ven así perjudicadas sus condiciones laborales y familiares", y recordó que fue el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, quien adelantó el traslado, "imagino que fruto de los pactos que sustentan al Gobierno de la nación y además, a una campaña de acoso y derribo al presidente de la CMT al que se la ha dicho: o te vas o te echamos".

"Operación de acoso y derribo"

El portavoz de la Comunidad de Madrid recordó que Bustelo presentó su renuncia ayer y denunció "la operación de acoso y derribo por parte del Gobierno a una institución independiente". Asimismo, subrayó que, una vez más, "se demuestra que el Gobierno está dispuesto a instrumentalizar políticamente todo, con el objetivo de mantenerse en el poder y atender a esos compromisos de pacto de Gobierno con sus socios nacionalistas, que no conocemos, y que están dispuestos a llevar hasta el extremo de intervenir en una organización independiente como la CMT".

En este sentido, solicitó ayuda al portavoz socialista en Madrid, Rafael Simancas, para que "intercerda" ante el Ejecutivo a favor de esta propuesta. "Espero y deseo que, en este caso, Simancas, que ya manifestó en su día que también se sumaría a esta iniciativa en defensa de los intereses de los trabajadores de la CMT, interceda y respalde esta propuesta". González pidió al portavoz parlamentario del PSOE "que deje de hacer política partidista, como hace su Gobierno, y se sitúe al lado de la defensa de los intereses de los madrileños".

El recurso de los trabajadores

Los trabajadores de la CMT, que se han opuesto frontalmente al cambio de sede, ya han presentado un recurso laboral ante Magistratura de Trabajo porque consideran que están siendo "pisoteados" sus derechos laborales, y presentarán otro recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, basado en la "nulidad" del Real Decreto que establece el cambio de sede.

Además, la plantilla de la CMT tiene la intención de pedir a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, que reubique en organismos autonómicos a los trabajadores que no quieran trasladarse a Barcelona. Los trabajadores confían en que Aguirre tenga el mismo interés por la reubicación de la plantilla en Madrid que en su día manifestó el socialista Rafael Simancas.

El todavía presidente en funciones de la CMT remitió ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, una carta en la que ponía su cargo a disposición del Ejecutivo "ante las dificultades opuestas para llevar a cabo el complejo y delicado proceso de trasladar la sede de la Comisión a Barcelona".

Con su dimisión, Bustelo pone punto final a su enfrentamiento frontal con el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por la decisión del Gobierno de llevarse la sede de la CMT a Barcelona. Para Bustelo, se trata de una decisión de carácter político que llegó a calificar de "deportación".

El traslado, "una inmensa chorrada"

Carlos Bustelo, que ayer dimitió como presidente de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, ha afirmado hoy que el traslado de este organismo a Barcelona "es una inmensa chorrada" y que no va a aportar nada a la economía catalana. En declaraciones a Onda Cero, Bustelo afirma que el traslado "no tiene sentido", lo único que puede aportar a Cataluña es que "a lo mejor suba el precio del metro cuadrado al barrio que vayan... o algún bufete de abogados que esté por allí cerca". Bustelo añade que ha tomado la decisión de marcharse tras aprobar "una especie de red de seguridad para los trabajadores" con medidas incentivadoras para los que se marchen a Barcelona e indemnizaciones grandes para los que se queden ya que "tenemos capacidad económica". A lo largo de la entrevista, Bustelo afirma que tanto la forma como el fondo "es profundamente irritante" desde que el presidente de la Generalitat Pascual Maragall anunció el traslado en julio a los seis meses esperando a que el Gobierno aprobara el traslado. Insiste en que casi todos los trabajadores no son funcionarios y que se han formado dentro del organismo y que desde el anuncio del traslado se "ha perturbado su funcionamiento".