La SEPI pierde 979 millones en 2004 por la reestructuración de Izar
En 2003, logró un beneficio de 1.049 millones gracias a varias privatizaciones
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concluyó el pasado ejercicio con unos números rojos de 979 millones de euros, frente al beneficio de 1.049 millones de euros logrado en 2003.
Según la sociedad, estas pérdidas se deben a los costes asociados a la reestructuración de Izar y a que durante 2004 no se han realizado privatizaciones. Precisamente en 2003 el resultado se vio impulsado por los ingresos procedentes de las privatizaciones de varias empresas públicas, incluyendo la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), la naviera Transmediterránea y la aseguradora Musini...
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) concluyó el pasado ejercicio con unos números rojos de 979 millones de euros, frente al beneficio de 1.049 millones de euros logrado en 2003.
Según la sociedad, estas pérdidas se deben a los costes asociados a la reestructuración de Izar y a que durante 2004 no se han realizado privatizaciones. Precisamente en 2003 el resultado se vio impulsado por los ingresos procedentes de las privatizaciones de varias empresas públicas, incluyendo la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), la naviera Transmediterránea y la aseguradora Musini.
El coste laboral de la reestructuración de Izar, que contempla la prejubilación de unos 4.000 trabajadores, ronda los 1.200 millones de euros, cantidad que se ha contabilizado en el resultado de la SEPI.
El pasado mes de diciembre, el grupo público firmó un acuerdo marco sobre el futuro de Izar que contempla la segregación de los astilleros de Ferrol, Fene, Cartagena, Puerto Real, San Fernando y Cádiz, que quedarán integrados en una nueva empresa dedicada a la actividad militar y denominada de forma provisional New Izar. El resto de los centros -Gijón, Sestao, Sevilla y Manises- serán vendidos cuando Izar entre en liquidación, es decir a principios de abril.
A principios de enero, la Comisión Europea (CE) notificó al Gobierno español la exigencia de devolución de las ayudas declaradas ilegales, que suman un importe de 1.249 millones.