El Gobierno limita las emisiones de las eléctricas a 88 millones de toneladas anuales
El global de la industria debe reducir un 1,4% sus emisiones de 2005 a 2007 para adecuarse al Protocolo de Kioto
Las eléctricas españolas podrán emitir 264 millones de toneladas de CO2 en el periodo 2005-2007, según el borrador del programa trazado por el Gobierno para cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto. El límite se establece así en 88 millones de toneladas anuales, frente a las 97 solicitadas por el sector, que ha amenazado con trasladar a generación el exceso de coste si recibían menos de esa cantidad.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha presentado esta mañana el avance del borrador del Plan de Asignación de Derechos de Emisión, aprobado la pasada semana por la C...
Las eléctricas españolas podrán emitir 264 millones de toneladas de CO2 en el periodo 2005-2007, según el borrador del programa trazado por el Gobierno para cumplir con los compromisos del Protocolo de Kioto. El límite se establece así en 88 millones de toneladas anuales, frente a las 97 solicitadas por el sector, que ha amenazado con trasladar a generación el exceso de coste si recibían menos de esa cantidad.
La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ha presentado esta mañana el avance del borrador del Plan de Asignación de Derechos de Emisión, aprobado la pasada semana por la Comisión Delegada para Asuntos Económicos. En este avance se basarán las directrices del citado plan, necesario para que España pueda cumplir con el Protocolo de Kioto para la lucha contra el cambio climático.
El plan nacional de asignación de emisiones afecta principalmente a las compañías eléctricas, de las cuales gran parte había advertido de que, si recibía menos de 290 millones de toneladas para esos tres años se vería obligado a trasladar los mayores costes a sus precios de generación. Los principales holdings que tendrán que enfrentar la medida son la líder Endesa y Unión Fenosa, la tercera eléctrica española, con gran parte de su mix de generación alimentado a carbón.
El Gobierno ha asegurado que el impacto sobre la tarifa eléctrica sería "mínimo", al tiempo que estimó en unos 30 millones de euros al año el sobrecoste para la industria de generación, una cifra que considera digerible para el sector. "Planteamos este esfuerzo de forma de que se proteja la competitividad de las empresas españolas y el empleo", dijo la ministra Narbona durante el anuncio del plan. Sin embargo, el ejecutivo advirtió que la medida puede provocar un alza de los precios de generación y "por lo tanto en la tarifa".
Una fuente del Ministerio de Medio Ambiente explicó que el Gobierno aún no ha decidido cómo se repartirán los derechos de emisión entre las empresas afectadas por la directiva. Sin embargo, adelantó que no se permitirá a las generadoras poner en una bolsa común sus derechos para poder gestionarlos de manera conjunta y minimizar el sobrecoste como pedía Endesa, en un intento por forzarlas a invertir en tecnologías menos contaminantes como las centrales alimentadas a gas natural. Por su parte, el consejero delegado de Unión Fenosa, Honorato López Isla, calificó los límites asignados a la generación como "razonables" tras el anuncio del plan.
Un 1,4% menos para toda la industria
Según lo anunciado por el Ministerio de Medio Ambiente, el conjunto de la industria deberá reducir sus emisiones de C02 en un 1,4% desde los 399,7 millones de toneladas emitidas en 2002. Además, deja para una segunda fase los recortes que permitirán a España cumplir los objetivos de Kioto en 2012, es decir, no aumentar más del 15% sus emisiones respecto a los niveles de 1990. Para ello, España no podrá sobrepasar sus emisiones más del 24% y habrá de comprar el 7% en el mercado internacional de compraventa de derechos de emisión y restarse el 2% por el efecto de absorción de CO2 atribuido a los bosques o sumideros.
El 60% de las emisiones de C02 en España son realizadas por actividades que no están contempladas por la directiva medioambiental europea. Otro 22% corresponde a la industria eléctrica y el 18% restante engloba a los demás sectores afectados por la normativa. Así, y antes de enviarlo a Bruselas a más tardar el 1 de agosto, el Gobierno planea discutir el proyecto con los sectores afectados por la norma medioambiental, que además del sector eléctrico incluye al refino de petróleo, cemento, cal, siderurgia, vidrio, cerámica, papel y pasta de papel.
Discrepancias en torno al plan
Endesa, la mayor eléctrica española, se ha mostrado "razonablemente satisfecha" por los derechos de emisión asignados al sector, ya que esa cifra se encuentra "dentro del rango de expectativas" que ha venido manejando la empresa. Fuentes de Endesa reiteraron que Endesa es partidaria de cumplir Kioto, aunque "al menor coste posible", y que las eléctricas seguirán colaborando para que España alcance sus compromisos medioambientales. En la misma línea, Iberdrola ha considerado que el borrador del PNA va "en la buena dirección y es asumible por todas las compañías eléctricas y por la sociedad", al permitir que se cumpla con las exigencias de Kioto y de la directiva europea de comercio de derechos de emisión "sin dañar la competitividad del sector ni incrementar las tarifas". Menos satisfecho se ha mostrado Gonzalo Urquijo, presidente de la Unión de Empresas Siderúrgicas, quien dijo que el sector ve con "preocupación" el reparto de emisiones que le ha asignado el Gobierno. Tras la celebración de la asamblea anual de esta patronal, el también director general de Aceralia ha subrayado que "ya hemos hecho un gran esfuerzo cuando respecto a 1990, hemos reducido las emisiones un 20%, cuando nuestra producción se ha aumentado un 40%".