El Gobierno achaca el aumento del paro a la situación creada tras el 11-S

Los malos datos de desempleo que hoy ha ofrecido la nueva Encuesta de Población Activa son una manifestación de la desaceleración económica vivida por las economías occidentales tras los atentados del 11 de septiembre. Así lo ha afirmado el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, que, no obstante, ha destacado el dinamismo del mercado laboral y ha valorado que los datos ofrecen una perspectiva de recuperación para el segundo semestre.

Aparicio ha explicado que las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidas hoy reflejan la evolución económica y el "impacto negati...

Los malos datos de desempleo que hoy ha ofrecido la nueva Encuesta de Población Activa son una manifestación de la desaceleración económica vivida por las economías occidentales tras los atentados del 11 de septiembre. Así lo ha afirmado el ministro de Trabajo, Juan Carlos Aparicio, que, no obstante, ha destacado el dinamismo del mercado laboral y ha valorado que los datos ofrecen una perspectiva de recuperación para el segundo semestre.

Aparicio ha explicado que las cifras de la Encuesta de Población Activa (EPA) conocidas hoy reflejan la evolución económica y el "impacto negativo en el mercado de trabajo" del 11-S, pero ha aclarado que "los datos también están en la línea de presentarnos una buena expectativa, una expectativa de recuperación centrada en el segundo semestre".

Frente a esta tendencia, el titular de Trabajo y Asuntos Sociales propone que "lo que deberíamos hacer es tener lo mejor dispuesto posible todos nuestros sistemas, los de activación del empleo, los de protección al desempleo, para realmente aprovechar esa recuperación".

El ministro ha recordado que en este último año se han incorporado a la actividad más de medio millón de personas y que se ha dado ocupación a más de 340.000, aunque ha reconocido que no ha sido posible atender las demandas de empleo de otras 164.000, pero eso, según ha dicho, "da una idea del dinamismo que sigue manteniendo el mercado de trabajo".

La misma valoración ha hecho el secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia, Luis de Guindos, que ha atribuido el dato a la "suave" desaceleración de la economía española durante los primeros meses de 2002, destacando igualmente que la población activa se ha incrementando en más de 500.000 personas en el último año. También se ha mostrado confiado en que la desaceleración económica ha sido "suave", por lo que confía en que en los próximos meses la ocupación en España volverá a incrementarse.

En todo caso, desde el PP se cree que la nueva reforma de los sistemas de protección del desempleo propuesta por el Gobierno "mejora la capacidad de empleabilidad de los trabajadores españoles", por lo que servirá para aumentar la creación de empleo y de empleo estable. Así lo ha asegurado el responsable de Economía del PP, Vicente Martínez Pujalte. El diputado popular también ha expresado su confianza en una pronta recuperación de la economía y del empleo, ya que que los indicadores adelantados del segundo trimestre de este año indican "que se ha comenzado a crear empleo tímidamente y que la economía española puede que ya haya pasado por los peores momentos y estemos otra vez en una senda ascendente".

Las valoraciones de los datos de la EPA tienen una lectura muy distinta para los partidos de oposición y para los sindicatos. El secretario de Política Económica y Ocupación del PSOE, Jordi Sevilla, ha afirmado hoy en una rueda de prensa en Bilbao que el aumento del paro y del IPC en los primeros meses del año demuestra que la situación de la economía española es "mala".

"Las cosas no van bien y da la sensación de que el Gobierno está de vacaciones o preocupado por la sucesión de Aznar", dijo Sevilla al comentar el aumento del paro en el primer trimestre registrado por la EPA "pese al cambio de metodología que saca de la lista de parados" a muchos desempleados. El dirigente socialista consideró que si el Gobierno "no cambia de actitud y de política económica nos dirigimos a una situación de crisis, irremediablemente".

Mientras, el secretario de Empleo de Izquierda Unida, Javier Alcázar, ha afirmado que el Gobierno "ya no puede ocultar más que en España se destruye empleo" y ha asegurado que "no le salvan ya ni los trucos estadísticos para ocultar la realidad". Además, ha dicho que el trabajo que se crea "es cada vez más precario y de peor calidad", y que "aún puede serlo más si el Ejecutivo logra sacar adelante la reforma del desempleo".

CC OO destaca que la subida del 10% del desempleo en España durante el primer trimestre de este año respecto al anterior refleja que "el Gobierno está perdiendo el control sobre la economía del país".

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) del primer trimestre de 2002, durante ese período 189.300 personas perdieron su empleo, lo que eleva la cifra hasta los 2.081.100, un 10% más que el trimestre anterior.

El sindicato destaca además en una nota que, esta alza del paro, se ha producido a pesar del "ejercicio de responsabilidad" llevado a cabo por los trabajadores en la negociación colectiva y mientras que los empresarios se dedican a incrementar los precios "de manera poco solidaria".

También CCOO ha destacado que la nueva definición de desempleo que ha incorporado la EPA desde el primer trimestre de este año "encubrirá a un importante colectivo de desempleados en la inactividad '-cerca de 500.000 según el Instituto Nacional de Estadística-' y hará menos transparente la realidad sociolaboral del mercado de trabajo español".

Por su parte, UGT considera que los datos de la EPA correspondientes al primer trimestre de este año "ponen en evidencia" la política económica del Gobierno que, añade, "persigue y criminaliza a los parados en lugar de asegurar la creación de empleo y todo ello a pesar de que la nueva EPA oculta casi medio millón de desempleados y enmascara la realidad del mercado de trabajo".

Por ello, UGT demanda incrementar el gasto en políticas activas, con aportaciones del Estado mediante los Presupuestos Generales del Estado y no de las cotizaciones sociales; reducir los recursos destinados a subvención empresarial y reorientar dicho gasto a políticas de formación y empleo.