El Supremo admite a trámite el recurso del Gobierno por la sentencia de los funcionarios
Según una providencia notificada hoy, el Supremo señala que los problemas suscitados en este proceso "trascienden de una mera cuestión de personal al servicio de las administraciones públicas", por lo que procede admitir a trámite el recurso de casación.
En el recurso, formalizado por la Abogacía del Estado a finales de marzo, se esgrimen hasta 13 motivos de casación, entre los que se alega un "exceso en el ejercicio de la jurisdicción" por parte de la Audiencia Nacional, que habría privado de eficacia y derogado tácitamente el artículo 17.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estad...
Según una providencia notificada hoy, el Supremo señala que los problemas suscitados en este proceso "trascienden de una mera cuestión de personal al servicio de las administraciones públicas", por lo que procede admitir a trámite el recurso de casación.
En el recurso, formalizado por la Abogacía del Estado a finales de marzo, se esgrimen hasta 13 motivos de casación, entre los que se alega un "exceso en el ejercicio de la jurisdicción" por parte de la Audiencia Nacional, que habría privado de eficacia y derogado tácitamente el artículo 17.2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1997, ya que esa potestad corresponde sólo al Tribunal Constitucional.
Una sentencia de la Audiencia Nacional dictada el pasado 23 de enero anuló la congelación salarial de los funcionarios de 1997 y declaró el derecho de estos trabajadores a percibir un incremento en su retribución según la previsión del IPC para aquel año más las cantidades dejadas de percibir en los años siguientes por ese concepto.
Principio de jerarquía normativa
El Ejecutivo alegaba que la sentencia vulneró el principio de jerarquía normativa al dar prevalencia a los acuerdos entre Administración y sindicatos frente a la Ley de Presupuestos, cuestión que habría sido introducida por la Audiencia sin haber sido planteada por las partes en el proceso.
Otro de los motivos de casación aduce la "errónea doctrina" de que el acuerdo de 1994 entre la Administración y los sindicatos vinculaba a las Cortes al aprobar los Presupuestos para 1997.
Según la Abogacía del Estado, la sentencia "interpreta indebidamente" el alcance y contenido del acuerdo Administración-sindicatos de 1994, que estableció un tratamiento diferenciado para los incrementos del año 1995 y los correspondientes a 1996 y 1997.
El recurso sostiene que mientras que para 1995 sí se concretaba un incremento efectivo, el acuerdo no contenía una obligación incondicionada de incrementar las retribuciones de los empleados públicos para 1997, sino que señalaba "meros criterios orientadores" de las negociaciones entre la Administración y los sindicatos.