Absueltas nueve personas de un fraude en ayudas al aceite
Retirados los cargos porque el delito no estaba tipificado cuando se produjo
Nueve agricultores sevillanos, que se enfrentaban a condenas de hasta 10 años de cárcel por un fraude millonario en subvenciones europeas al aceite de oliva, serán absueltos ya que todas las acusaciones retiraron ayer los cargos porque el delito no estaba tipificado cuando se produjo. Fuentes del caso informaron de que la fiscalía, el Abogado del Estado y la Junta retiraron ayer la acusación en el juzgado penal 12 de Sevilla, después de que la juez expresase su opinión de que el fraude en subvenciones europeas no estaba tipificado cuando presuntamente se produjo, en la campaña 1994-95.
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Nueve agricultores sevillanos, que se enfrentaban a condenas de hasta 10 años de cárcel por un fraude millonario en subvenciones europeas al aceite de oliva, serán absueltos ya que todas las acusaciones retiraron ayer los cargos porque el delito no estaba tipificado cuando se produjo. Fuentes del caso informaron de que la fiscalía, el Abogado del Estado y la Junta retiraron ayer la acusación en el juzgado penal 12 de Sevilla, después de que la juez expresase su opinión de que el fraude en subvenciones europeas no estaba tipificado cuando presuntamente se produjo, en la campaña 1994-95.
El Código Penal vigente entonces no recogía expresamente el fraude en subvenciones europeas como delito, aunque sí lo hacía en otro tipo de ayudas y subvenciones oficiales, lo que ha dado lugar a pronunciamientos contrarios de las Audiencias provinciales, según reconocieron las acusaciones en la primera jornada del juicio, celebrada el martes. Este iba a ser el último de varios juicios por un fraude denunciado en 1999 por la Agencia Española del Aceite de Oliva e investigado por la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), por el que fueron denunciados varias decenas de productores.
En este caso, el fiscal pedía condenas de entre uno y cuatro años de cárcel para los acusados, pena que el Abogado del Estado, en representación de la Administración, elevaba a 10 años y ocho meses en el caso del principal imputado, Antonio M. G. Este agricultor, que fue condenado en dos causas penales similares, pretendía, según el fiscal, "obtener pingües e ilegales beneficios" mediante certificados falsos de entrada y molturación en las almazaras o solicitando a través de la envasadora de su propiedad ayudas al consumo sin poner en el mercado las cantidades declaradas. La fiscalía le imputaba un primer fraude en una finca de Lora del Río (Sevilla), donde el acusado "no cumplía la exigencia comunitaria de ser cultivador de olivar".