Hacienda retendrá transferencias a las regiones insumisas con la Ley de Estabilidad
El Gobierno quiere atar corto a las comunidades autónomas. Quiere evitar encontrarse con sorpresas cuando liquiden a final de año sus presupuestos. Para ello, está ultimando la Ley de Estabilidad Económica y Sostenibilidad Financiera, que establece un férreo mecanismo para controlar los excesos de las comunidades autónomas y entes locales. Aunque los responsables del Ministerio de Hacienda precisan que la norma respeta la autonomía presupuestaria de las autonomías, lo cierto es que fija unos requisitos muy estrictos que incluye un severo régimen de sanciones.
Las Administraciones públic...
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El Gobierno quiere atar corto a las comunidades autónomas. Quiere evitar encontrarse con sorpresas cuando liquiden a final de año sus presupuestos. Para ello, está ultimando la Ley de Estabilidad Económica y Sostenibilidad Financiera, que establece un férreo mecanismo para controlar los excesos de las comunidades autónomas y entes locales. Aunque los responsables del Ministerio de Hacienda precisan que la norma respeta la autonomía presupuestaria de las autonomías, lo cierto es que fija unos requisitos muy estrictos que incluye un severo régimen de sanciones.
Las Administraciones públicas más rebeldes y manirrotas, que incumplan reiteradamente los límites de déficit y deuda marcado por el Gobierno, y que además sean insumisas, es decir, que no paguen la multa correspondiente -del 0,2% del PIB regional- recibirán menos dinero por parte del Estado. Hacienda podrá retener parte de las transferencias corrientes o finalistas a estas Administraciones, según explicaron ayer la secretaria de Estado de Presupuestos, Marta Fernández Curras, y el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta. Se trata, más o menos, de trasponer la legislación de buen gobierno comunitaria a todas las Administraciones españolas.
En el caso de que Hacienda detecte riesgo de incumplimiento puede comenzar un proceso que termina en la sanción.
Además, la nueva ley someterá a comunidades y Ayuntamientos a un control previo de sus cuentas. Antes de aprobar sus presupuestos deberán enviar al Ministerio de Hacienda las líneas fundamentales de sus presupuestos. El Gobierno podrá hacer recomendaciones sobre las mismas. Todas las Administraciones deberán fijar un techo de gasto, incluidas las comunidades autónomas y consistorios, que no podrá superar la tasa de crecimiento del PIB de la economía española, y un objetivo de déficit, que será único para cada Administración.
Para fortalecer el control de las cuentas públicas, el Gobierno obligará a todas comunidades que presenten las liquidaciones de sus presupuestos de ingresos y gastos con carácter mensual, antes era trimestral; los ayuntamientos tendrán que presentarlo trimestralmente.