El juez del 'caso Fabra' impide nuevos retrasos

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha rechazado prolongar el plazo otorgado a las partes del caso Fabra para solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento y mandar el asunto a la Audiencia de Castellón, donde se ha de juzgar al expresidente de la Diputación y aún presidente del PP provincial, Carlos Fabra.

La acusación popular había pedido una prórroga hasta que la Audiencia de Castellón resolviera un recurso sobre el que empezó a deliberar hace más de un mes. Sin embargo, el juez ha decidido seguir adelante con los plazos con la intención de envi...

El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules ha rechazado prolongar el plazo otorgado a las partes del caso Fabra para solicitar la apertura del juicio oral o el sobreseimiento y mandar el asunto a la Audiencia de Castellón, donde se ha de juzgar al expresidente de la Diputación y aún presidente del PP provincial, Carlos Fabra.

La acusación popular había pedido una prórroga hasta que la Audiencia de Castellón resolviera un recurso sobre el que empezó a deliberar hace más de un mes. Sin embargo, el juez ha decidido seguir adelante con los plazos con la intención de enviar el asunto al tribunal en el que se ha de celebrar el juicio por tráfico de influencias, cohecho y fraude fiscal. La Audiencia tiene pendiente de resolver un recurso en el que se solicitaba una ampliación en el número de imputados, actualmente limitado a cuatro.

La Audiencia de Castellón lleva un mes deliberando sobre un recurso

En el auto en el que el juez decidió dar por concluida la instrucción, iniciada hace más de ocho años, indicó que Fabra "accedió a interesarse por la situación" de unos productos fitosanitarios "y a mediar ante autoridades y funcionarios de las Cortes y de los ministerios de Agricultura y de Sanidad para agilizar la tramitación y obtención de autorizaciones para la fabricación y comercialización" de esa mercancía, "haciendo valer su condición de presidente de la Diputación". Los productos eran los fitosanitarios de quien entonces era amigo de Carlos Fabra, Vicente Vilar, quien luego le denunció acusándole de cobrarle "cantidades millonarias" a cambio de favores políticos.

El juez afirmó que el entonces presidente de la Diputación de Castellón le cobró a Vilar "en concepto de pago, por unos supuestos informes sobre seguridad e higiene en el trabajo que nunca fueron entregados" y que "en parte por estas ganancias y en parte por otras fuentes", Carlos Fabra y su entonces esposa, María Amparo Fernández, durante los ejercicios fiscales de 1999 a 2004, obtuvieron ingresos "que ocultaron a la Hacienda Pública y que no se correspondían ni con el patrimonio ni con la renta por ellos declarados", hasta un total de cerca de 1,2 millones de euros.

La defensa de Fabra ha presentado un recurso de nulidad contra este auto, pero este intento no paralizará la marcha del asunto hacia el juicio.