"De prevaricación, nada", dice el exalcalde de Gondomar tras declarar ante el juez

"De prevaricación nada. Todo lo que hice fue dentro del marco legal. No hay nada firmado sin el visto bueno del arquitecto municipal". Son palabras del exalcalde de Gondomar Martín Urgal (PP), que junto a su concejal de Urbanismo, el tránsfuga socialista Alfonso de Lis, declaró ayer en el juzgado de instrucción número 4 de Vigo. La Cadena SER recogió su testimonio (no quiso hacer comentarios a este periódico), tras la denuncia de la secretaria y la interventora, las dos funcionarias que fueron apartadas de sus funciones en materia urbanística por informar desfavorablemente sobre la concesión d...

"De prevaricación nada. Todo lo que hice fue dentro del marco legal. No hay nada firmado sin el visto bueno del arquitecto municipal". Son palabras del exalcalde de Gondomar Martín Urgal (PP), que junto a su concejal de Urbanismo, el tránsfuga socialista Alfonso de Lis, declaró ayer en el juzgado de instrucción número 4 de Vigo. La Cadena SER recogió su testimonio (no quiso hacer comentarios a este periódico), tras la denuncia de la secretaria y la interventora, las dos funcionarias que fueron apartadas de sus funciones en materia urbanística por informar desfavorablemente sobre la concesión de licencias.

El exalcalde, que llegó a tachar a la secretaria municipal de "obstruccionista", cuando su labor es velar por el respeto a la legalidad, contrató a una asesoría jurídica externa durante seis meses para remplazar el trabajo de las empleadas públicas a cambio de 17.500 euros. El abogado José Martínez Torea realizó los informes, unos 50, para la concesión de otras tantas licencias que ahora investiga la fiscalía. El contrato con el letrado fue rescindido con la entrada de la nueva corporación.

Urgal, retirado de la política, afirmó ayer que "las cosas están bien hechas". Tras escuchar sus palabras la juez deberá decidir si sigue adelante con el caso o lo archiva. Gondomar es el paradigma de la corrupción urbanística. El también exalcalde Carlos Silva fue condenado por prevaricación e inhabilitado junto a toda su junta de Gobierno. Su entonces portavoz de gobierno y el edil de Urbanismo fueron condenados también por negociar sobornos con promotores a cambio de mejoras en convenios de un plan general que estaba en trámite de aprobación. Fernando Guitián, actual alcalde -también del PP y promotor inmobiliario-, ha decidido detener la concesión de permisos de obra nueva.