Bronca al presidente por el ERE en el Instituto de Tecnología Cerámica
Investigadores, funcionarios de juzgados, empresarios de residencias de mayores dependientes... Las protestas por los recortes e impagos son continuas y los colectivos afectados no dejan de crecer. Ayer lo vivió en propia carne el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien se encontró de cara con miembros de la plantilla del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), dedicado a la innovación tecnológica y de diseño del sector. Los investigadores protestaban por los despidos a las puertas de la sede del Consell en Castellón, donde Fabra iba a presidir un acto sobre ayudas a los parados del...
Investigadores, funcionarios de juzgados, empresarios de residencias de mayores dependientes... Las protestas por los recortes e impagos son continuas y los colectivos afectados no dejan de crecer. Ayer lo vivió en propia carne el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, quien se encontró de cara con miembros de la plantilla del Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), dedicado a la innovación tecnológica y de diseño del sector. Los investigadores protestaban por los despidos a las puertas de la sede del Consell en Castellón, donde Fabra iba a presidir un acto sobre ayudas a los parados del azulejo. El presidente del Consell ni miró a los trabajadores, que portaban pancartas con lemas como aeropuertos sin aviones, centros tecnológicos sin investigadores y menos trajes y más batas. Tras el acto, Fabra no quiso atender a los medios de comunicación y delegó en el consejero de Educación, Formación y Empleo, José Ciscar. Este dijo "no temer" por la desaparición del ITC y aseguró que pagarán parte de la deuda "en cuanto se pueda".
El centro ha presentado un ERE para despedir a 22 empleados y otro para dejar en suspensión al resto de la plantilla durante medio año. En total, 138 investigadores afectados. Según explicó la secretaria del comité de empresa, Encarna Bou, el centro se ha visto obligado a tomar esta medida debido a la deuda que acumula la Generalitat y que asciende a 1,1 millones de euros entre 2009 y 2010. A esos impagos se suman los 2,9 millones de euros de los proyectos que se han realizado o que están en investigación.La portavoz municipal socialista en el Ayuntamiento de Castellón, Amparo Marco, anunció la presentación de una iniciativa ante el pleno del Consistorio municipal para respaldar la "labor puntera" de investigación industrial desarrollada por el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), "cuya continuidad está afectada por los impagos de la Generalitat".
Ayer también, los empresarios de las residencias para personas mayores y dependientes advirtieron de que no podrán pagar la nómina a sus trabajadores a partir de enero si el Gobierno valenciano y los Ayuntamientos no les abonan la deuda que mantiene con estos centros, cifrada en unos 75 millones de euros.
Según ha informado la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte), unos 200 empresarios han asistido a la asamblea general de la entidad, en la que se ha decidido presentar en el registro de la Generalitat una reclamación por la deuda y los intereses de demora correspondientes. Los empresarios aseguran que no pretenden descargar en los más de 13.000 trabajadores del sector la situación provocada por los impagos de la Generalitat y los Consistorios.
Además, ayer, la Consejería de Justicia y Bienestar Social anunció la firma de un acuerdo de expediente de regulación de empleo (ERE) que supone la supresión de 35 de los 103 puestos de trabajo de la Fundación de la Comunitat Valenciana para la Atención a las Víctimas del Delito (Favide).
Juzgados sin papel
También ayer, el sindicato CSI·F denunció que los juzgados de Valencia "llevan tres semanas sin recibir suministro de papel". Durante este tiempo "están pudiendo realizar sus funciones con los remanentes que tienen y compartiendo folios", aunque el juzgado de Instrucción número 11 de Valencia "quedó paralizado durante unas horas el pasado lunes por esa carencia de papel".
"Ahora la falta de papel en todos los juzgados de la provincia de Valencia resulta generalizada. La mayoría tiene que prestarse paquetes de folios entre sí para poder trabajar. Si la situación prosigue, la Justicia puede colapsarse".
Por otra parte, más de 25 entidades, desde los principales sindicatos a los colegios de trabajadores sociales, han firmado un manifiesto que se titula Alianza por la defensa de un sistema público de servicios sociales de calidad en la Comunidad Valenciana ante las dificultades para desarrollar políticas sociales.