Agricultores contra gigantes

Un kilo de tomate producido en los invernaderos almerienses se ha pagado la última semana a los agricultores a poco más de 50 céntimos, un precio que se triplicó en las estanterías de las principales superficies comerciales. Un diferencial similar se da en otras hortalizas. El sector hortofrutícola andaluz, el más potente del país, ha puesto el grito en el cielo tras acumular tres años de caídas de precios en origen y ha lanzado su ira contra la gran distribución, a la que acusa de fomentar el oligopolio.

"No es una situación coyuntural", teme Francisca Iglesias, secretaria provincial d...

Un kilo de tomate producido en los invernaderos almerienses se ha pagado la última semana a los agricultores a poco más de 50 céntimos, un precio que se triplicó en las estanterías de las principales superficies comerciales. Un diferencial similar se da en otras hortalizas. El sector hortofrutícola andaluz, el más potente del país, ha puesto el grito en el cielo tras acumular tres años de caídas de precios en origen y ha lanzado su ira contra la gran distribución, a la que acusa de fomentar el oligopolio.

"No es una situación coyuntural", teme Francisca Iglesias, secretaria provincial de la Unión de Pequeños Agricultores (UPA) en Almería, organización que ha arrojado durante este mes 80 toneladas de productos al suelo para forzar un incremento de los precios. Sus mensajes, dice, "no son apocalípticos", pero advierte de la desaparición del sector productivo de persistir la situación durante cuatro meses más.

Hay un desequilibrio por la atomización de la oferta y la producción

La ganancia se busca en la compra más que en la venta al consumidor

Los productores, que aún no se han recuperado de la crisis de la E-coli, quieren seguridad y el establecimiento de unos precios mínimos en origen para que ni los intermediarios ni las cadenas de distribución sean los únicos que tengan la sartén por el mango. "Al agricultor se le paga exageradamente barato y se cobra exageradamente caro al consumidor con un diferencial enorme", comprueba, cifras en mano, el presidente de Asaja en Almería, Francisco Vargas. El precio que se paga en cooperativa o alhóndiga al agricultor por kilo de producto dista mucho -y cada vez más- de lo que paga el consumidor.

La Fundación Cajamar, en su informe de la campaña hortofrutícola 2010-2011 presentado esta semana, señala que pese a que ha existido una mejora de la productividad -en un 3,85% hasta situarse en 61,4 toneladas por hectárea- se ha experimentado una reducción del 7% del valor de la cosecha. La situación hubiese sido peor de no ser por el incremento de las exportaciones, que alcanzan ya el 63,2% de la producción, ocho puntos más que en la anterior campaña.

Los agricultores ponen el foco en los "abusos" de la intermediación, algo que niegan los distribuidores y las grandes superficies comerciales. "Nosotros no tenemos capacidad para influir en los mercados", subraya Aurelio del Pino, director general de la Asociación de Cadenas Españolas de Supermercados (ACES). Esta patronal, junto con la Asociación de Grandes Empresas de Distribución (Anged) y la Asociación de Distribuidores de Autoservicios y Supermercados (Asedas), sostienen que en el sector hortofrutícola no existe un problema objetivo de exceso de concentración comercial que pudiera definir una posición dominante en el mercado con capacidad para alterar los precios.

Las cinco mayores empresas de distribución apenas venden el 25% de esa producción agraria mientras que el 75% restante llega al consumidor a través del comercio tradicional, mercadillos y pequeñas tiendas de autoservicio.

En un estudio elaborado a petición de la patronal de supermercados ACES y que hizo suyo el Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino hace tres años se concluía con que la reducida dimensión de las empresas productoras y su visión familiar y cortoplacista, junto con la ausencia de un perfil más industrial con mayor orientación al mercado, son causas que propician este desequilibrio de la cadena alimentaria. La propia consejera de Agricultura, Clara Aguilera, tiene claro que la situación actual de precios en origen por debajo de costes obedece "a la concentración de la gran distribución y a una oferta cada vez más atomizada". La Junta ha pedido cambiar la norma europea que regula la composición de las Interprofesionales para que esté presente la gran distribución y para que los productores aumenten su poder de negociación.

No obstante, con un simple vistazo a lo que se paga en las subastas y los precios que finalmente se colocan sobre las estanterías se puede apreciar que las grandes superficies exprimen la ganancia casi en su totalidad en la compra a los productores. Los precios de venta al público de las frutas y hortalizas se mueven dentro de unos márgenes bastante pequeños (ver cuadro adjunto). Las grandes superficies fijan los precios de venta según la competencia y sus propios cálculos sobre los hábitos de gasto y la composición de la cesta de la compra de sus clientes. Con el precio de venta así establecido, la ganancia se obtiene mayoritariamente en abaratar la compra en las subastas. Una lógica económica que solo beneficia a estos grandes comercios.

Pero este año hay un nuevo enemigo: Marruecos. La entrada de producto por encima del contingente asignado está irritando a los productores almerienses. José María Pozancos, director de la Federación Española de Asociaciones de Productores Exportadores de Frutas y Hortalizas (Fepex), cree que "hay que resolver la relación con Marruecos en el marco de la Política Agraria Común". Hasta ahora, la Junta y el ministerio han presionado sin éxito a Bruselas para que redoble los controles aduaneros.

Y, ante tanto adversario foráneo, sorprende la falta de unidad de acción del sector productor, pues cada organización hace la guerra por su cuenta. "UPA tira el producto y nosotros no creemos que esa deba ser la foto de Almería", argumenta Francisco Vargas, de Asaja. "Hubiese sido deseable ir de la mano en las protestas", confiesa Andrés Góngora, secretario provincial de COAG.