La Generalitat cierra Agua y Progreso tras ganar Rajoy
La Generalitat ha decidido cerrar la fundación Agua y Progreso, dedicada a realizar campañas publicitarias para reivindicar el trasvase del Ebro, tras la victoria electoral de Mariano Rajoy el pasado día 20.
El Consell aprobó ayer la liquidación de esta entidad de carácter privado, que se nutría de los presupuestos de la Generalitat y que realizó alguna de las campañas más agresivas contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por derogar la transferencia de agua del Ebro a la Comunidad Valenciana.
La decisión se adoptó dentro del plan de reordenación de las fundaciones de ...
La Generalitat ha decidido cerrar la fundación Agua y Progreso, dedicada a realizar campañas publicitarias para reivindicar el trasvase del Ebro, tras la victoria electoral de Mariano Rajoy el pasado día 20.
El Consell aprobó ayer la liquidación de esta entidad de carácter privado, que se nutría de los presupuestos de la Generalitat y que realizó alguna de las campañas más agresivas contra el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero por derogar la transferencia de agua del Ebro a la Comunidad Valenciana.
La decisión se adoptó dentro del plan de reordenación de las fundaciones de la Generalitat. El Consell anunció ayer la liquidación o fusión de un total de nueve fundaciones públicas y una sociedad mercantil.
El Ejecutivo valenciano liquida nueve fundaciones y una empresa
El sector fundacional se ha reducido a casi la mitad en dos años
Del acuerdo dio cuenta la consejera portavoz, Lola Johnson, que explicó que, además de Agua y Progreso, se cierran la Fundación Medioambiental BUSEO, la Fundación para la Calidad de la Educación, la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, la Fundación para el Fomento del Cooperativismo, la Fundación Valenciana de la Calidad, la Fundación Costa Azahar Festivales y Pro Esport y la Fundación para la investigación en el Hospital Doctor Peset de Valencia.
La decisión del Consell implica también la disolución de la empresa pública Instituto de Acreditación y Evaluación de Prácticas Sanitarias. Esta empresa, junto con las fundaciones de la Calidad y para la Calidad de la Educación se integrarán dentro de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva.
La decisión dejó descolocado al PP en Benicàssim, que en el pleno municipal celebrado ayer rechazó una iniciativa socialista en la que se pedía la supresión de la Fundación Costa Azahar Festivales por considerarla "imprescindible" para el desarrollo del FIB, informa Lorena Ortega.
En conjunto, la supresión de las citadas entidades permitirá ahorrar al Consell 3,3 millones de euros el año que viene. El proceso afectará a 75 trabajadores, unos pasarán a engrosar las listas del paro y otros, que tienen plaza de funcionario, serán reubicados.
Johnson explicó que en los últimos dos años el número de fundaciones de la Generalitat ha pasado de 38 a 20, lo que se traducirá en una reducción del gasto de 7,26 millones de euros anuales. En este proceso se han visto afectados un total de 175 empleados.
"Entendemos que todas las fundaciones y empresas suprimidas han cumplido sus objetivos o los han dejado muy avanzados y por tanto pueden ser liquidadas o sus funciones pueden ser asumidas por otras entidades o por la propia Generalitat", explicó la consejera portavoz.
En este contexto de recortes, la portavoz del Gobierno valenciano defendió la reconversión realizada en el Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) de Valencia. Johnson argumentó que las líneas de investigación que se han mantenido en el centro son las que "objetivamente estaban evaluadas como las más eficientes".
"Se han mantenido las líneas de investigación que habían estado perfectamente evaluadas y que eran las más vanguardistas, las más eficientes, con criterios totalmente objetivos", recalcó. Johnson negó que los grandes eventos sean más importantes que la investigación para el Consell. "La importancia de la ciencia está declarada en las muchísimas líneas de trabajo del Gobierno valenciano", sentenció.
Por otra parte, el Consell en su reunión plenaria de ayer autorizó a la Abogacía de la Generalitat a personarse como acusación popular en el sumario que se instruye por el saqueo de Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo. En este contexto, la consejera portavoz quitó hierro a la decisión del Tribunal Supremo que reabre la causa contra el expresidente de la Diputación y presidente del PP provincial de Castellón para que sea juzgado por varios delitos fiscales que la Audiencia Provincial había declarado prescritos. "Es simplemente una cuestión absolutamente técnica procesal", indicó Lola Johnson.