Un dirigente de CC OO declara ante la Guardia Civil
Enrique Jiménez, secretario general de la federación de Industria de CC OO en Andalucía, ha declarado como acusado ante la Guardia Civil por el caso de los ERE. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) acusan a Jiménez como firmante en el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) llevado a cabo en la empresa Calderinox, donde la Junta halló dos intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en la empresa).
El sindicato CC OO fue el tomador de la póliza en dicho ERE, razón por la que Jiménez compareció ante la Guardia Civil durante una hora, según confirmó él mismo. "Les expliqué los...
Enrique Jiménez, secretario general de la federación de Industria de CC OO en Andalucía, ha declarado como acusado ante la Guardia Civil por el caso de los ERE. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) acusan a Jiménez como firmante en el ERE (Expediente de Regulación de Empleo) llevado a cabo en la empresa Calderinox, donde la Junta halló dos intrusos (prejubilados que nunca trabajaron en la empresa).
El sindicato CC OO fue el tomador de la póliza en dicho ERE, razón por la que Jiménez compareció ante la Guardia Civil durante una hora, según confirmó él mismo. "Les expliqué los motivos de por qué intervinimos en el ERE de Calderinox", alegó el sindicalista. "Me imagino que me llamarán para el resto de expedientes que el sindicato firmó como tomador de las pólizas", avanzó.
En el ERE de Calderinox la Junta identificó dos intrusos: Antonio F. G. y el exdelegado de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés. Juan Márquez, director general de Trabajo entre 2008 y 2010 e imputado en la causa, autorizó la inclusión de al menos un intruso en dicho ERE. Tras su imputación, Márquez renunció como candidato del PSOE en Lucena del Puerto (Huelva) las pasadas elecciones municipales.
La declaración del sindicalista Enrique Jiménez supone un paso cualitativo en la instrucción del caso. La juez había avisado en diversos autos del papel decisivo y la previsible imputación de los responsables sindicalistas. Pero esta declaración policial es la primera prueba de peso que demuestra su supuesta responsabilidad en la inclusión de intrusos beneficiados con fondos públicos de manera ilegal.