El fiscal censura el gran lucro de la firma que contrató a discapacitados
El ministerio público denuncia el fraude "sistemático" a las subvenciones
La Fiscalía Superior cree que la empresa de telemarketing MKF, investigada por un posible fraude en la contratación de discapacitados en Granada, Jaén y Málaga, ha cometido "graves irregularidades" en la contratación de discapacitados. CC OO denunció que recibía subvenciones por contratar a discapacitados a los que despedía tras recibir la bonificación. Los contratos irregulares pueden haber afectado desde 2008 a 300 personas y la fiscalía estima que los hechos pueden constituir delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, el derecho de los trabajadores y de falsedad documental....
La Fiscalía Superior cree que la empresa de telemarketing MKF, investigada por un posible fraude en la contratación de discapacitados en Granada, Jaén y Málaga, ha cometido "graves irregularidades" en la contratación de discapacitados. CC OO denunció que recibía subvenciones por contratar a discapacitados a los que despedía tras recibir la bonificación. Los contratos irregulares pueden haber afectado desde 2008 a 300 personas y la fiscalía estima que los hechos pueden constituir delitos contra la Hacienda Pública, la Seguridad Social, el derecho de los trabajadores y de falsedad documental.
El trabajo realizado por la Unidad de Policía Judicial evidencia, al menos indiciariamente, una "conducta sistemática" y "claramente encaminada" a la obtención irregular de grandes sumas de dinero a través del cobro de subvenciones creadas para incentivar la contratación de discapacitados. De ahí que la fiscalía amplíe la denuncia que ya existe en un juzgado de Instrucción de Granada y remita su decreto a las fiscalías de Málaga y Jaén para que tengan conocimiento y actúen como crean oportuno.
La compañía MKF cobró más de 1,3 millones de euros en pagos desde Empleo
La fiscalía recuerda a la Junta que debe vigilar la concesión de ayudas públicas
El rosario de denuncias de perjudicados que se produjo por este caso motivó el informe de la Policía Judicial para aclarar la relevancia penal y la competencia del asunto. La actuación policial ha podido acreditar que la empresa ha cobrado 1.384.000 euros en subvenciones de la Consejería de Empleo por la creación y mantenimiento de puestos de trabajo en centro especial de empleo, circunstancias que se han incumplido. Los trabajadores duraban por regla general poco más de una semana. La empresa les contrataba, recibía la bonificación y les despedía sin superar en ningún caso los cuatro meses de prueba.
Según el informe policial, por 95 de esas contrataciones MKF ya recibió la subvención, pero los afectados son muchos más si se tienen en cuenta las cifras de contratación. En dicho documento se detalla que en Jaén se contrató de manera bonificada a 59 trabajadores en 2009 y a 127 el año pasado. En Granada, a 51 durante 2010 y, en ese mismo año, a 70 en Málaga. El resto de subvenciones pueden estar pendientes de pago, en tramitación o en proceso de anulación.
En cualquier caso, el cobro de las cantidades que ya se ha hecho efectivo supone un "continuo incumplimiento" por parte de la empresa de la legislación aplicable a los centros especiales de empleo -que es como están calificados- ya que no se han mantenido los puestos de trabajo, que deben tener una duración mínima de 1.095 días, según la regulación actual. Por no cumplirla, la empresa tendrá la obligación de reintegrar la cantidad de dinero recibida.
El fiscal superior, Jesús García Calderón, recuerda en su decreto a la Junta que debe tener el "suficiente control y seguimiento de estas contrataciones subvencionadas" para reclamar el cumplimiento de sus fines o interesar el reintegro de las cantidades percibidas. En este caso, sostiene, la empresa tuvo falta de interés por sostener la actividad comercial suficiente que otorgara viabilidad a la empresa beneficiaria de "tan generosas ayudas públicas" en una materia tan "sensible" como la contratación de personas discapacitadas.
La Junta ha sancionado con 15.000 euros por falta muy grave a MFK, que afronta otras tres multas graves por obstrucción a la labor inspectora, entre otros motivos. El administrador de la empresa Eduardo de los Santos, que ayer declinó pronunciarse sobre la acusación de la fiscalía, se querelló en verano contra 14 altos cargos y funcionarios de Empleo por adeudarle una cantidad superior a los 338.000 euros. La Fiscalía de Sevilla ha archivado dicha investigación.