El Consell aplaza el pago de la deuda a las farmacias hasta enero
Los farmacéuticos de Valencia, Alicante y Castellón buscan, desde ayer, bancos que les concedan los préstamos suficientes para soportar el impago de la Generalitat, que ya ha anunciado que no les empezará a pagar hasta enero, cuando la deuda ascienda a unos 1.000 millones de euros.
Los colegios de las tres provincias celebraron en la tarde-noche del jueves asambleas para debatir la decisión a tomar ante el anuncio de la Administración. En los tres casos se optó por la medida más pausada, la de intentar que los bancos cubran los seis meses de acumulación de deuda que ya ha anunciado el C...
Los farmacéuticos de Valencia, Alicante y Castellón buscan, desde ayer, bancos que les concedan los préstamos suficientes para soportar el impago de la Generalitat, que ya ha anunciado que no les empezará a pagar hasta enero, cuando la deuda ascienda a unos 1.000 millones de euros.
Los colegios de las tres provincias celebraron en la tarde-noche del jueves asambleas para debatir la decisión a tomar ante el anuncio de la Administración. En los tres casos se optó por la medida más pausada, la de intentar que los bancos cubran los seis meses de acumulación de deuda que ya ha anunciado el Consell. Sin embargo, los farmacéuticos tienen serias dudas sobre si lograran que alguna entidad les conceda un préstamo, ya que solo cuentan con el compromiso verbal de la Administración valenciana.
El compromiso de la Generalitat para los pagos de la deuda, según expusieron en las asambleas, se refiere, en cualquier caso, al inicio de los pagos en enero. Las opciones eran empezar a pagar en enero la deuda del pasado mes de julio e ir arrastrándola o pagar en enero las facturas correspondientes a ese mes y parte de la deuda prorrateada.
1.000 millones
El gasto farmacéutico público supone, mensualmente, unos 150 millones de euros, con lo que las farmacias valencianas arrastran ya un debe de más de 450 millones de euros. Al final de año la deuda puede ascender a los 1.000 millones de euros, que habrán adelantado los más de 2.000 farmacéuticos valencianos.
En reuniones como la de Castellón o Valencia, se plantearon las dificultades que van a atravesar las pequeñas oficinas rurales e incluso se habló de la opción de dejar de dispensar los medicamentos que ha de cubrir sanidad. Sin embargo, el trato directo que muchos boticarios tienen con sus clientes y la existencia de enfermos crónicos hicieron descartar esta posibilidad.
También se planteó la posibilidad del cobro de los medicamentos, pero fue descartado porque la sanción es de 30.000 a 90.000 euros y los colegios desaconsejaron cometer cualquier ilegalidad. "La farmacia no va a cobrar porque hay una gran responsabilidad en seguir atendiendo al paciente", indicó Teresa Guardiola, la presidenta del colegio de Valencia, que advirtió de los retrasos en la dispensación que puede haber por la reducción de existencias.