El Ejido pide que se suspenda su deuda con Elsur
El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) cree haber encontrado una puerta abierta para retrasar el pago de la abultada deuda que mantiene con la empresa mixta de servicios municipales Elsur, centro de operaciones de la trama de corrupción destapada en octubre de 2009 en la Operación Poniente. Tras conocer que el juez ha ampliado los delitos imputados a los propietarios de las subcontratas con las que trabajaba la sociedad mercantil -participada en un 30% por el ayuntamiento y un 70% por capital privado- el consistorio va a solicitar al instructor del caso que "deje en suspenso" la deuda hasta que...
El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) cree haber encontrado una puerta abierta para retrasar el pago de la abultada deuda que mantiene con la empresa mixta de servicios municipales Elsur, centro de operaciones de la trama de corrupción destapada en octubre de 2009 en la Operación Poniente. Tras conocer que el juez ha ampliado los delitos imputados a los propietarios de las subcontratas con las que trabajaba la sociedad mercantil -participada en un 30% por el ayuntamiento y un 70% por capital privado- el consistorio va a solicitar al instructor del caso que "deje en suspenso" la deuda hasta que no haya una sentencia, expuso ayer el alcalde ejidense, Francisco Góngora (PP).
El Ayuntamiento de El Ejido debe 81 millones de euros a Elsur por impagos acumulados a lo largo de diversos ejercicios, motivo por el que la empresa asegura estar "asfixiada" y lo que le imposibilita a pagar las nóminas de su plantilla.
La instrucción del caso Poniente añade ahora a la rama empresarial de las familias Amate, Galán y al grupo Abengoa, entre otros, un presunto delito de fraude fiscal. Un informe de la Agencia Tributaria indica que las subcontratas realizaron una "sobrefacturación" al Ayuntamiento por cerca de 54 millones.
"Se podría llegar al absurdo", argumenta Francisco Góngora, de que "se condene a pagar 81 millones de euros a este Ayuntamiento y que después se vea que las cantidades no eran debidas". La pretensión municipal ya fue rechazada por un juzgado de lo contencioso-administrativo.