El impago de subvenciones asfixia a las asociaciones de discapacitados
La financiación de estas organizaciones, que atienden a miles de personas, no se sostiene con la crisis - Las comunidades llevan meses sin pagarles
Adelaida Lozano se enjuga las lágrimas bajo las gafas con un pañuelito de tela. La auxiliar de clínica que atendía el centro de día ya no está. Al paro. Y van cinco. La Asociación de Familiares y Enfermos de Párkinson de Villarrobledo (Albacete) está bajo mínimos: el Ayuntamiento les debe 60.000 euros y la Comunidad de Castilla-La Mancha, 450.000. Deudas acumuladas que, finalmente, tienen a los trabajadores sin cobrar ya hace cinco meses. "Solo pagamos el agua, la luz, el gas y la hipoteca, pero los proveedores están sin cobrar la fruta, el papel higiénico, nada, qué vergüenza, yo, que nunca h...
Adelaida Lozano se enjuga las lágrimas bajo las gafas con un pañuelito de tela. La auxiliar de clínica que atendía el centro de día ya no está. Al paro. Y van cinco. La Asociación de Familiares y Enfermos de Párkinson de Villarrobledo (Albacete) está bajo mínimos: el Ayuntamiento les debe 60.000 euros y la Comunidad de Castilla-La Mancha, 450.000. Deudas acumuladas que, finalmente, tienen a los trabajadores sin cobrar ya hace cinco meses. "Solo pagamos el agua, la luz, el gas y la hipoteca, pero los proveedores están sin cobrar la fruta, el papel higiénico, nada, qué vergüenza, yo, que nunca he debido nada a nadie", dice la presidenta de la asociación, Paquita García. No son solo la sanidad y la educación, los servicios sociales también tienen los pies de barro.
El empleo entre las personas con discapacidad parece aguantar como un junco la ventolera de la crisis: la contratación experimentó un incremento en el segundo cuatrimestre de este año del 6,9%, mientras que no pasó de un 1,4% la de la población en general. El colectivo de la discapacidad está acostumbrado a sortear dificultades, tiene décadas de entrenamiento haciéndole frente al estigma y un largo historial tratando de cambiar caridad por derechos. Y lo iba consiguiendo. Los 1.900 centros especiales de empleo donde trabajan alrededor de 57.000 discapacitados son un buen ejemplo de ello. En los últimos días, sin embargo, la patronal ha revelado la precaria situación por la que están atravesando: las comunidades autónomas llevan meses, algunas hasta dos años, sin pagar lo que les deben y el edificio amenaza ruina. Muchos de estos centros nacieron de asociaciones familiares, como la que preside Paquita García, agrupadas para conseguir con sus medios lo que no obtenían del sistema público. "De tal forma que cuando estos centros pasaban dificultades económicas, la asociación les inyectaba dinero, pero ahora la madre ya no puede sujetarles en la caída, porque también depende de subvenciones graciables que ha dejado de recibir", explica Javier Guiu, presidente de Padis, patronal aragonesa de la discapacidad.
En efecto, no solo los centros de empleo son acreedores de una inmensa deuda pública -las Administraciones les financian al 50% para compensar la menor productividad del colectivo, un porcentaje que se elevó al 75% con la crisis-; también las asociaciones familiares, en sus orígenes de corte reivindicativo, pasan ahora momentos críticos como prestadoras de servicios.
"No pueden cerrar el centro de día, lo sentiríamos todos mucho", dice Caridad Melero, una de las usuarias. Su hija, Cary, cita las enfermedades y achaques de su madre... No cabrían en un párrafo. Su pensión de viuda de jornalero se ha visto compensada con una ayuda de la Ley de Dependencia que le permite pagar el centro de día. Pero ya lleva tres meses sin percibirla. Tampoco eso se está pagando.
En 1999, la aventura de Paquita García, la presidenta de la asociación, se conocía como "la del microondas", porque rifaron uno para sacar dinero. Su padre tenía la enfermedad de Parkinson y ella sabía bien lo que era aquello. El alquiler de la primera vivienda donde montaron la asociación lo pagaron ella y Catalina Haro, que ahora es la directora. "Y pusimos las sillas, y hacíamos tortillas de patata y bocadillos y los vendíamos en el Viña Rock. Sacamos un millón de pesetas". Después se trasladaron a una bodega vieja y ahí empezaron con la logopedia, la rehabilitación... Los políticos fueron llegando, y las ayudas con ellos. Entonces había 20 socios, hoy tienen más de 300 y unos 550 usuarios. Además del centro de día prestan ayuda y servicio de comidas a domicilio. La asociación, como todas las de este tipo, no tiene ánimo de lucro, todo lo que se saca se invierte en el centro. Por eso Ana Tero, la delegada sindical, asegura: "Con la huelga y las protestas no queremos hacer daño a la asociación, es una medida de presión para la Administración, que es quien nos debe el dinero".
La crisis ha revelado que el modelo de financiación de estas asociaciones -subvenciones de las que se hacen acreedoras presentando sus proyectos- no se sostiene en tiempos de vacas flacas. Sin embargo, el colectivo de la discapacidad vive una paradoja enrevesada: tras años de lucha, ha alcanzado un poder que le confiere características de lobby. Pueden presionar a los Gobiernos, porque proporciona gran parte de los servicios a los que tienen derecho los ciudadanos y que la Administración pública no satisface. Pero, a la vez, está amordazado porque depende de los políticos y de sus subvenciones arbitrarias. Casi nadie quiere dar la cara: están a la espera de cobrar lo que les deben.
AGUSTÍN SEGOVIA: "Vivir no es solo comer"
Tiene 29 años y en enero se fue a vivir a su piso, independiente, solo. No tardó cuatro meses en volver a casa de sus padres. "En cuanto llegó la factura del gas. Así voy más desahogado, vivir no es solo comer". Es el logopeda del centro y lleva cinco meses sin ingresar una nómina. Dejó de pagar dos meses la hipoteca y dio unas peonadas en las viñas este verano. También fue de vacaciones, porque no se esperaba esta situación. Aún debe parte del viaje a Noruega. "Puedo trabajar en el campo, pero yo estudié logopedia".
CARIDAD MELERO: No cobra, pero sigue pagando
De su pensión de 600 euros paga unos 300 al centro de párkinson por pasar allí el día, comida incluida. Por suerte, cobra 277 euros de la Ley de Dependencia. ¿Cobra? No. Lleva tres meses sin recibir esa paga. La hija, que es educadora social, trabaja media jornada para el Ayuntamiento de Villarrobledo. ¿Cobra ella? "El mes pasado, solo el 70% del sueldo y este, el 60%, solo 400 euros. Mi marido está agotando el paro y haciendo algún trabajo como carretillero". Tampoco podría sostener la casa en la que viven los tres.
PAQUITA GARCÍA: "Esto no se privatiza"
El centro que ahora preside Paquita García no tiene nada que ver con los humildes comienzos de la Asociación de Familiares de Enfermos de Parkinson. "Todo lo que se ha ganado aquí se ha invertido aquí; en sillas, mesas. Estos últimos días ya me ha dado por llorar. ¿Es que nadie valora esto?". Ha llegado a pedir un crédito personal para hacer frente a dos nóminas. "Esto nació por una necesidad y he trabajo por eso. Por encima de mi cadáver se privatiza este centro", afirma.