Llamazares asegura que solo le faltan tres firmas para pedir el referéndum
IU-ICV y ERC recurren la reforma ante el Tribunal Constitucional
Gaspar Llamazares (IU) es muy optimista respecto a las posibilidades de convocar un referéndum para ratificar una reforma constitucional que él considera "un golpe de mercado". Necesita las firmas de 35 diputados (el 10% de la Congreso) y ayer, en rueda de prensa con Nuria Buenaventura (ICV) en la Cámara, dijo contar con 32. "Vamos a intentar convencer a los que faltan y a alguno más, aunque la pistola en el pecho no se la vamos a poner", explicó.
Llamazares aún no tiene esas firmas en la mano. De momento, ha enviado una carta a cada parlamentario con el formulario. IU e ICV dan por hec...
Regístrate gratis para seguir leyendo
Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
Gaspar Llamazares (IU) es muy optimista respecto a las posibilidades de convocar un referéndum para ratificar una reforma constitucional que él considera "un golpe de mercado". Necesita las firmas de 35 diputados (el 10% de la Congreso) y ayer, en rueda de prensa con Nuria Buenaventura (ICV) en la Cámara, dijo contar con 32. "Vamos a intentar convencer a los que faltan y a alguno más, aunque la pistola en el pecho no se la vamos a poner", explicó.
Llamazares aún no tiene esas firmas en la mano. De momento, ha enviado una carta a cada parlamentario con el formulario. IU e ICV dan por hecho que los diputados de todos los grupos a favor del referéndum lo pedirán. El diputado del Grupo Socialista Antonio Gutiérrez, contrario a la reforma, ya le ha confirmado que firmará a favor de la consulta.
Tanto Llamazares como Buenaventura insistieron en que, en cualquier caso, esas 32 firmas les daban "la razón moral" para pedir el referéndum. "Si en la votación de la reforma se emitieron 326 votos, con 32 nosotros ya deberíamos estar en el 10%", dijo Llamazares.
IU-ICV y Esquerra Republicana repartieron ayer el recurso que van a llevar al Tribunal Constitucional contra la reforma de la ley fundamental. Creen que el procedimiento, "a trompicones", ha sido "fraudulento" ya que ha impedido participar a los parlamentarios. "Nos ha convertido en convidados de piedra", aseguró Llamazares, que considera que la reforma "da prioridad al acreedor" y "relega las políticas sociales".