Archivada la denuncia contra el PP tinerfeño por el 'Bragasgate'
Los populares justificaron gastos con facturas de lencería, joyas y güisqui
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia contra la presidenta del PP de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Tavío, por la presunta financiación ilegal de esa formación y que presentó, hace un año, el colectivo de abogados Justicia y Sociedad. La fiscal no ve indicios de delito en un caso conocido como el Bragasgate, llamado así porque entre las facturas que el PP presentó para justificar sus gastos en el Ayuntamiento de los años 2003 a 2007 se incluían compras de lencería.
El Bragasgate se destapó en el verano de 2010 por un informe del interventor del Ayuntamiento...
La Fiscalía Anticorrupción ha archivado la denuncia contra la presidenta del PP de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Tavío, por la presunta financiación ilegal de esa formación y que presentó, hace un año, el colectivo de abogados Justicia y Sociedad. La fiscal no ve indicios de delito en un caso conocido como el Bragasgate, llamado así porque entre las facturas que el PP presentó para justificar sus gastos en el Ayuntamiento de los años 2003 a 2007 se incluían compras de lencería.
El Bragasgate se destapó en el verano de 2010 por un informe del interventor del Ayuntamiento, en el que se evaluaba la aportación municipal al PP y la justificación de gastos durante la legislatura 2003-2007, cuando gobernó con Coalición Canaria. El documento detallaba facturas que no tenían que ver con la actividad del Grupo Popular. Sumaban casi 160.000 euros e incluían circuitos termales, joyas o cientos de euros en bebidas alcohólicas.
El portavoz de Justicia y Sociedad, José Pérez Ventura, recuerda que Tavío y el secretario regional del PP, Manuel Fernández, "reconocieron" que el Grupo Popular usó el dinero que recibía de las arcas locales para financiar el partido y que, como esto no estaba permitido por la legislación vigente en aquellos años, "metían las manos en el bolsillo y aportaban facturas personales para justificar la asignación al grupo".
Estos hechos ya habían superado una auditoría del Tribunal de Cuentas, que no detectó irregularidades. No obstante, el colectivo de abogados estudia presentar una nueva denuncia, ahora en el Juzgado de Instrucción, por un presunto delito de malversación de caudales públicos.
"Esto demuestra que fue una campaña para hundirnos", declaró ayer Cristina Tavío.