Un millón de euros en dinero opaco o de otros
El PP hizo actos electorales durante la campaña de las generales de 2008 por valor de casi 1,8 millones de euros en la Comunidad de Valencia, pero al menos un millón fueron pagados con dinero opaco del propio PP o con dinero de cinco empresas contratistas de la Administración autonómica valenciana.
En la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había decidido no investigar este presunto delito electoral sobre actos del PP en 2008 y si otros delitos relacionados con las mismas prácticas (falsedad en documento mercantil).
E...
El PP hizo actos electorales durante la campaña de las generales de 2008 por valor de casi 1,8 millones de euros en la Comunidad de Valencia, pero al menos un millón fueron pagados con dinero opaco del propio PP o con dinero de cinco empresas contratistas de la Administración autonómica valenciana.
En la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había decidido no investigar este presunto delito electoral sobre actos del PP en 2008 y si otros delitos relacionados con las mismas prácticas (falsedad en documento mercantil).
El Tribunal Valenciano aducía que de lo investigado no se podía concluir que existiera ese delito electoral en 2008. Anticorrupción señala ahora: "Esa objeción ha quedado superada por el informe de la Agencia Tributaria emitido el 8 de julio de 2011 que expone que el importe de los servicios prestados por Orange Market (la filial valenciana de la red corrupta) en 2008 al Partido Popular de la Comunidad Valenciana habría ascendido a 1,78 millones de euros mientras que solo le facturó 612.322 euros. El resto de la deuda de esa formación política, más de un millón de euros, "parece haber sido abonada, al menos en parte, por el propio partido con fondos opacos (405.450 euros) así como por las empresas (Piaf, Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz y Facsa)", según explica el escrito de la Fiscalía Anticorrupción.
El fiscal sostiene en su argumentación jurídica que la Agencia Tributaria ha logrado demostrar que estos pagos irregulares corresponden a "actos de campaña vinculados a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008".
Anticorrupción detalla en el documento remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid de dónde saca esta conclusión: "Esto se infiere del propio concepto que se refleja en el archivo (incautado en la sede de Orange Market) con fechas de 22 de febrero a 9 de marzo de 2008 (en plena campaña electoral) con los nombres "acto IFA Alicante", "cierre de campaña", "plaza de toros". La Fiscalía ilustra sus afirmaciones con recortes de prensa: "Alguno de esos actos pueden localizarse en publicaciones de esas fechas", de las que se aportan fotocopias en el escrito.