El Gobierno y Barberá llegan a un acuerdo por la dársena
La dársena interior del puerto de Valencia, que alojó las últimas dos ediciones de la Copa del América de vela, sale del coma. Después de meses de abandono político, el Ayuntamiento, el Gobierno y la Generalitat han llegado a un acuerdo para renovar el consorcio que la gestiona y así tratar de potenciar la raquítica actividad que actualmente genera.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el relevo en el consorcio y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, lo celebró minutos después. "Hemos desbloqueado la gestión de la dársena, una vez más, a través del Ministerio de Fomento", apuntó. "Quie...
La dársena interior del puerto de Valencia, que alojó las últimas dos ediciones de la Copa del América de vela, sale del coma. Después de meses de abandono político, el Ayuntamiento, el Gobierno y la Generalitat han llegado a un acuerdo para renovar el consorcio que la gestiona y así tratar de potenciar la raquítica actividad que actualmente genera.
El Consejo de Ministros aprobó ayer el relevo en el consorcio y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, lo celebró minutos después. "Hemos desbloqueado la gestión de la dársena, una vez más, a través del Ministerio de Fomento", apuntó. "Quiero compartir la alegría con [la secretaria general de Infraestructuras], Inmaculada Rodríguez-Piñero", añadió la alcaldesa, "hemos hablado mucho". Así, el consorcio integrará ahora a Barberá, que continúa como presidenta, a Gaspar Zarrías, secretario de Estado de Cooperación Interterritorial, que ocupará la primera vicepresidencia y a José Manuel Vela, consejero de Hacienda, que se encargará de la segunda vicepresidencia. Como vocales entran la delegada del Gobierno en Valencia, Ana Botella y el portavoz municipal socialista, Joan Calabuig.
Barberá explicó que el consorcio se reunirá antes de agosto. Su cometido será "analizar la situación financiera" y "acordar el calendario de aportaciones patrimoniales". Este ha sido uno de los puntos calientes hasta ahora. El Ayuntamiento debe todavía ocho millones de euros a la entidad, que se ha negado a aportar porque exigía al Gobierno que le cogiera el teléfono.