El Ayuntamiento de Jerez pagó nóminas con dinero del Plan E

La imagen pública del Ayuntamiento de Jerez se descalabra. Una auditoría interna encargada por el gobierno municipal revela que durante los dos últimos años se desviaron en el Consistorio fondos del Estado para pagar las nóminas de la plantilla municipal y deudas a proveedores.

Según la documentación facilitada por el gobierno del PP, la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez (PSOE), a la que los concejales populares evitaron nombrar, habría firmado, sin el beneplácito de los técnicos y con el informe en contra del interventor y el tesorero, el desvío de fondos de cuentas restringidas por v...

La imagen pública del Ayuntamiento de Jerez se descalabra. Una auditoría interna encargada por el gobierno municipal revela que durante los dos últimos años se desviaron en el Consistorio fondos del Estado para pagar las nóminas de la plantilla municipal y deudas a proveedores.

Según la documentación facilitada por el gobierno del PP, la exalcaldesa de Jerez Pilar Sánchez (PSOE), a la que los concejales populares evitaron nombrar, habría firmado, sin el beneplácito de los técnicos y con el informe en contra del interventor y el tesorero, el desvío de fondos de cuentas restringidas por valor de 7,6 millones de euros para liquidar impagos con acreedores y afrontar los salarios de los trabajadores municipales.

Se utilizaron fondos de un total de 15 obras financiadas por el Estado

En concreto, se usaron fondos del Estado de los planes anticrisis y de la Ciudad del Flamenco, bautizada por el Ministerio de Cultura como el futuro Centro Nacional de Flamenco, para pagar 10 millones de euros en nóminas y 1,7 millones a proveedores. Toda vez que con posterioridad se repuso algo del capital desviado, el desfase de tesorería es de cerca de ocho millones de euros.

La primera vez que el Ayuntamiento jerezano utilizó capital de cuentas restringidas para los sueldos de la plantilla fue en septiembre de 2010. A partir de ese momento, el desvío de dinero empezó a ser costumbre. En septiembre del pasado año se sacaron de las cuentas mencionadas 1,2 millones de euros; en noviembre, 2,3 millones; en diciembre, tres millones de euros; en abril de 2011, un millón; y en mayo, 2,4 millones de euros. A esto se suman, cinco movimientos más para pagar 1,7 millones a acreedores municipales.

Entre las obras del Plan E afectadas, la arriba reseñada Ciudad del Flamenco, el parque infantil la Ciudad de los Niños, la rehabilitación de los Claustros de Santo Domingo, la Escuela de Idiomas, el Centro de Interpretación del río Guadalete o el Museo de Lola Flores. En total, se utilizaron fondos de un total de 15 obras financiadas por el Estado.

El portavoz del gobierno local, Antonio Saldaña, anunció ayer que el primer paso es informar al Ministerio de Administraciones Públicas para conseguir una prórroga, reponer el monto del desfase de tesorería detectado, concluir las obras y evitar tener que devolver el conjunto de la subvención, 16,5 millones de euros. Saldaña también avanzó que se estudia poner el caso en manos de la vía judicial.

Las maniobras en el Ayuntamiento para pagar los salarios de la plantilla evidenciaron ayer otra operación polémica. El nuevo gobierno del PP renunció a la construcción de 144 Viviendas de Protección Oficial (VPO), que ya contaban con licencia de obras y adjudicación, con el fin de obtener margen financiero para liquidar la extra de verano a los trabajadores municipales. Con el rechazo de la oposición, el gobierno local aprobó en pleno extraordinario cancelar un crédito de 14,5 millones de euros que posibilite otras operaciones financieras encaminadas a cumplir con los salarios de los empleados. Desde el PP justificaron la operación financiera alegando que "no hay demanda" para la compra de viviendas públicas en la ciudad y aseguraron que reorientarán la promoción al régimen de alquiler con opción a compra.

Desde el PSOE, lamentaron que con el paso dado por el gobierno se empieza a evidenciar "la agenda oculta del Partido Popular". El grupo socialista condenó "todas las operaciones crediticias que lastren la política de viviendas públicas, por cuanto supone un recorte de los derechos sociales".

Asimismo, el ex delegado municipal de Vivienda Antonio Fernández recordó ayer que las obras de las VPO ya estaban adjudicadas y que hay 1.916 personas en espera de una vivienda pública en alquiler con opción a compra.