Unesa abre la batalla legal contra la multa de Competencia
La partida comienza. La asociación patronal eléctrica Unesa, con su nuevo presidente Eduardo Montes a la cabeza, ha decidido abrir la pugna legal contra la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Unesa, según explicaron ayer sus responsables en encuentros con los medios de comunicación, rechaza la condena por dos infracciones muy graves impuesta por Competencia a las empresas eléctricas y a la propia asociación. Para rechazarlas, ha encargado al bufete Garrigues que acumule munición legal con la que plantear un recurso ante la Audiencia Nacional antes del 13 de julio.
Los responsable...
La partida comienza. La asociación patronal eléctrica Unesa, con su nuevo presidente Eduardo Montes a la cabeza, ha decidido abrir la pugna legal contra la Comisión Nacional de la Competencia (CNC). Unesa, según explicaron ayer sus responsables en encuentros con los medios de comunicación, rechaza la condena por dos infracciones muy graves impuesta por Competencia a las empresas eléctricas y a la propia asociación. Para rechazarlas, ha encargado al bufete Garrigues que acumule munición legal con la que plantear un recurso ante la Audiencia Nacional antes del 13 de julio.
Los responsables de Unesa no descartan, incluso, solicitar medidas cautelares que paralicen la sanción -61 millones de euros para las empresas y 900.000 euros contra la aso-ciación-. El argumentario de Unesa recoge que la sanción de Competencia, por obstaculizar el cambio de suministrador entre mayo de 2007 y junio de 2009 y por los contratos a grandes clientes se basa en simples indicios. Esos indicios, además, responderían a conductas, tanto de Unesa como de las empresas, que habrían sido avaladas por el Ministerio de Industria o por la Comisión Nacional de la Energía (CNE). Incluso en algún caso, siempre según la asociación, Competencia alude a conductas que ya fueron sancionadas.
Las compañías eléctricas, dotadas de importantes departamentos jurídicos, se mueven bien en el terreno de los tribunales. Tradicionalmente, por ejemplo, recurrían los decretos de revisión de tarifas.