El Consistorio ha recuperado 90 millones por la vía judicial
En abril de 2006, una comisión gestora se hizo cargo del Ayuntamiento de Marbella después de que el Consejo de Ministros decretara la disolución del consistorio a raíz de la Operación Malaya contra la corrupción. Esta gestora, primero, y después el gobierno salido de las urnas en 2007 y encabezado por Ángeles Muñoz (PP) ordenaron que el Ayuntamiento se personara como acusación en los diversos procedimientos penales y contables derivados de 15 años de gilismo.
En este tiempo, los abogados del Ayuntamiento han conseguido que los jueces le reconozcan al consistorio indemnizaciones p...
En abril de 2006, una comisión gestora se hizo cargo del Ayuntamiento de Marbella después de que el Consejo de Ministros decretara la disolución del consistorio a raíz de la Operación Malaya contra la corrupción. Esta gestora, primero, y después el gobierno salido de las urnas en 2007 y encabezado por Ángeles Muñoz (PP) ordenaron que el Ayuntamiento se personara como acusación en los diversos procedimientos penales y contables derivados de 15 años de gilismo.
En este tiempo, los abogados del Ayuntamiento han conseguido que los jueces le reconozcan al consistorio indemnizaciones por valor de hasta 90 millones de euros en sentencias firmes. Sin embargo, el consistorio todavía no ha cobrado más que una pequeña porción de esta cantidad, ya que los antiguos responsables municipales condenados, como el ex teniente de alcalde Pedro Román, ocultan sus propiedades bajo un velo societario.
La sentencia conocida ayer contra los herederos de Gil y varios exconcejales es la más cuantiosa de cuantas se han dictado hasta ahora y supone un verdadero triunfo para el Ayuntamiento y para el despacho de abogados externo que se encarga de la representación del consistorio en estos pleitos, encabezado por Manuel Camas.
El Ayuntamiento se encuentra personado en procedimientos como el caso Malaya, los casos Saqueo I y II y el llamado caso Minutas. En esta última causa, que encara su recta final, se juzga al abogado y presidente del Sevilla, José María del Nido. El fiscal le acusa, entre otros delitos, de entorpecer con su labor la fiscalización de las arcas marbellíes por el Tribunal de Cuentas.