La juez acusa a la Junta de ocultar las actas para frenar la investigación

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, exigió ayer de nuevo las 480 actas de los Consejos de Gobierno que la Junta ha rechazado entregar por contener información reservada. En un auto, la magistrada sostiene que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, conocía los informes de la Intervención General que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo empleado para el fondo de empresas en crisis en su etapa como consejero de Economía. Griñán siempre ha negado que conociera estos informes que cuestionaban el procedimiento....

La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, Mercedes Alaya, exigió ayer de nuevo las 480 actas de los Consejos de Gobierno que la Junta ha rechazado entregar por contener información reservada. En un auto, la magistrada sostiene que el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, conocía los informes de la Intervención General que consideraron inadecuado el procedimiento administrativo empleado para el fondo de empresas en crisis en su etapa como consejero de Economía. Griñán siempre ha negado que conociera estos informes que cuestionaban el procedimiento.

El auto es toda una declaración de intenciones y Alaya asegura que tanto Griñán como los exconsejeros de Economía e Innovación Magdalena Álvarez y Francisco Vallejo conocieron estos reparos. Alaya apunta a la comisión de un delito de prevaricación por ignorar los informes contrarios de la Intervención. "Los informes no han podido ser más expresivos", subraya. Desde ayer, el enfrentamiento entre el Gobierno y la juez es frontal y sin medias tintas.

"Resulta paradójico que la Junta no haya detectado las graves" anomalías

La instructora vuelve a reclamar las 480 actas del Consejo de Gobierno

El Gobierno dice que la juez "acota" en su auto lo que quiere pedir

Alaya: "Si conociera qué actas son relevantes solo pediría esas"

La magistrada reprende la actitud del Gobierno y su respuesta es de una dureza inusitada en escritos jurídicos: "No es legítimo por constituir un abuso de derecho que la Junta se persone como perjudicada y de otro lado pretenda ocultar, o al menos aparentar que lo hace, datos que pueden ser relevantes para la investigación".

La juez estima que las actas "ni son reservadas ni son secretas" y "solo serán secretas las deliberaciones, opiniones y votos emitidos". La Junta avanzó esta semana que no se las entregaría por ser una petición "indiscriminada" y amparándose en la ley de Gobierno de la comunidad, que establece que son reservados los documentos que se traten en el Consejo de Gobierno.

Alaya discrepa y subraya que solo ha pedido, "porque parece que no se ha entendido", los acuerdos que aclaren si el convenio que dio vía libre en 2001 al fondo para empresas en crisis se ratificó en Consejo de Gobierno, si este se renovó después de que caducara en 2003, si se adoptó algún acuerdo ante los reparos de la Intervención y las ampliaciones presupuestarias del fondo. Para aclarar todos esos conceptos, la juez considera necesario revisar las 480 actas. "Si esta instructora conociera qué actas son relevantes para la investigación solo pediría esas", alega Alaya.

De este modo, la juez pide al letrado de la Junta que ratifique su negativa a entregar las actas el próximo lunes en persona. Si fuera así, el litigio acabará, probablemente, en el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción del Tribunal Supremo para que dirima el enfrentamiento.

Los reproches de Alaya al Gobierno andaluz son continuos. En otra parte del auto critica a la Junta su "publicitado ánimo de colaborar con la justicia (...)" mientras, según subraya la juez, expresa su negativa a entregar la documentación "a través de los medios y no por escrito como correspondería a una parte personada".

Alaya destaca: "Resulta paradójico que durante 10 años la Junta no haya detectado las graves irregularidades que se estaban cometiendo con los fondos públicos y que ahora se extraña de que el juez que investiga el caso quiera conocer los motivos de ello". "Ningún interés tiene esta titular (...) en examinar más documentación de la necesaria", reprocha al Gobierno.

Además, la juez rechaza el apoyo de la Inspección de Trabajo solicitado por la fiscalía, así como la personación de UGT en el procedimiento, sindicato al que insta a presentar una querella.

El Gobierno andaluz estudiará "en detalle" el auto de la juez, por lo que evitó un pronunciamiento taxativo. No obstante, fuentes del Ejecutivo se fijaron, más que en los juicios de valor de la juez, en que esta "acota" las demandas al Consejo de Gobierno. Así lo entiende, al precisar la instructora información sobre si llegó al Consejo el convenio marco por el que tramitaron las ayudas, si se adoptó algún acuerdo ante la "existencia de algún reparo" por la Intervención y la Cámara de Cuentas y si se aprobaron modificaciones presupuestarias ante el déficit acumulado por el IFA. Esta última petición fue el enfoque del líder del PP, Javier Arenas, en el debate con Griñán el pasado jueves.