El alcalde de Ourense pide a la Xunta un plan de urbanismo provisional

El desarrollo urbanístico de Ourense depende ahora de la Xunta. Para hacer frente a la sentencia del Tribunal Supremo que anula el plan de ordenación de 2003 -y deja a la ciudad con el de hace 25 años, completamente desfasado- y ejecutar las obras públicas previstas, es necesario un planeamiento provisional "y solo la Xunta tiene competencias legales", destacó ayer en tono grave el alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez. "Este Gobierno local no va a tolerar que se paralice la ciudad", advirtió el regidor a los representantes autonómicos destacando que ayer mismo pediría "con ser...

El desarrollo urbanístico de Ourense depende ahora de la Xunta. Para hacer frente a la sentencia del Tribunal Supremo que anula el plan de ordenación de 2003 -y deja a la ciudad con el de hace 25 años, completamente desfasado- y ejecutar las obras públicas previstas, es necesario un planeamiento provisional "y solo la Xunta tiene competencias legales", destacó ayer en tono grave el alcalde de Ourense, el socialista Francisco Rodríguez. "Este Gobierno local no va a tolerar que se paralice la ciudad", advirtió el regidor a los representantes autonómicos destacando que ayer mismo pediría "con serenidad pero con firmeza" al conselleiro de Infraestruturas o al presidente de la Xunta que "asuman su competencia" e incorporen a ese plan provisional "todos los planes especiales, todos los proyectos de equipamientos públicos que están en marcha y todo lo necesario para el desarrollo urbano y comercial de la ciudad".

El alcalde, su teniente de alcalde -la nacionalista Isabel Pérez- y el secretario general del PSdeG, Pachi Vázquez -que participó en Ourense en una jornada sobre urbanismo- acusaron al PP de ser responsable directo de la ilegalidad. "No toleraré que el PP eluda su grave responsabilidad", enfatizó el regidor tras recordar que los populares realizaron "un plan ilegal con abusos y desmanes urbanísticos". "Que abran la boca para pedir perdón a los ourensanos y para explicar a quién beneficiaban los incrementos de edificabilidad", que los populares aprobaron en 2003 tras dar un "cambiazo" a los planes expuestos al público.

Por su parte, Vázquez señaló como responsables directos a Feijóo -quien siendo conselleiro lo aprobó "a sabiendas de que era ilegal"- al exalcalde Manuel Cabezas y al entonces concejal de Urbanismo, Enrique Nóvoa, Poli. Cabezas había quitado unos meses antes de las manos el planeamiento que había finalizado el concejal Ricardo Campo Labrador, a quien retiró la concejalía y lo sustituyó por Nóvoa. Este fue quien finalmente elaboró el plan que se presentó al pleno y que ha sido declarado ilegal por nueve sentencias. Campo Labrador fue recompensado años después por Baltar con un empleo en la Diputación.

El alcalde recordó que el planeamiento ahora anulado no solo era ilegal "sino inejecutable", razón por la que el bipartito lo modificó puntualmente para afrontar el crecimiento de la ciudad. Ahora le pide a la Xunta que -al margen de la suspensión de licencias incompatibles con el documento en vigor, de 1986, y de las calles previstas- incorpore "cuanto antes" a ese plan provisional los equipamientos en tramitación. Los más urgentes, los planes de A Farixa y Mariñamansa -donde está prevista una gran superficie comercial- la ronda bulevar y los planes especiales de As Burgas y de la Finca Sevilla. El Gobierno local es especialmente sensible a proyectos de desarrollo termal y tenía previsto el traslado del matadero municipal, enclavado en zona de expansión de instalaciones termales.

"No consentiremos que se paralice la ciudad y estaremos atentos a cualquier movimiento que pretenda frenarlo", insistió el regidor. La gravedad de su tono se debe a que el urbanismo de la ciudad depende en este momento de la colaboración con una Xunta con la que tiene malas relaciones por el diseño del tramo del AVE por la ciudad.

La sentencia que anula el plan de 2003 no afecta al AVE, por tratarse de una infraestructura de interés público, pero la Xunta se desmarcó ayer abiertamente del Pacto do Obradoiro al anunciar el conselleiro de Infraestruturas, Agustín Hernández, que no firmará el protocolo suscrito por Ayuntamiento y Ministerio de Fomento para afrontar la inversión de estas obras en la ciudad. Según el acuerdo alcanzado por las tres instituciones, la Xunta se haría cargo de la construcción de la nueva estación de autobuses.

Para Fomento, la renuncia de la Xunta "no es más que una excusa para no aportar la inversión que le correspondía", según destacó ayer un portavoz del ministerio, que lamenta la actitud del Gobierno autónomo "porque solo perjudica a los ourensanos" si se quedan sin la estación de autobuses que correspondía afrontar a la Xunta.