El proyecto Foster encalla en la marina de Cangas
El Ayuntamiento, sin plan general, no puede autorizar la urbanización
La última sentencia relacionada con el puerto deportivo de Cangas supone el "certificado de defunción" del proyecto. Es la lectura optimista que hace la cofradía de pescadores San Xosé pese a que el fallo desestima su demanda contra la alcaldesa, Clara Millán (BNG), por no paralizar las obras. No tenía competencias para hacerlo, ha señalado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra. En todo caso, según la misma sentencia, la construcción de la marina precisará licencia municipal y esta no será factible en el medio plazo. Con ello se empantana el proyecto de Norman Fost...
La última sentencia relacionada con el puerto deportivo de Cangas supone el "certificado de defunción" del proyecto. Es la lectura optimista que hace la cofradía de pescadores San Xosé pese a que el fallo desestima su demanda contra la alcaldesa, Clara Millán (BNG), por no paralizar las obras. No tenía competencias para hacerlo, ha señalado el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pontevedra. En todo caso, según la misma sentencia, la construcción de la marina precisará licencia municipal y esta no será factible en el medio plazo. Con ello se empantana el proyecto de Norman Foster para la finca de la antigua conservera Massó Hermanos, en O Salgueirón. Residencial Marina Atlántica, la promotora que realizó el encargo, lo ha vinculado siempre al puerto deportivo y los propios avatares de Caixanova, que financiaba la operación, tampoco han facilitado salidas alternativas.
"Yo también estuve siempre contra el puerto deportivo", dice la alcaldesa
El ex regidor del PP admite "errores" que deben "servir a todos de lección"
La cofradía de pescadores interpretó que las obras que realizaba en 2009 Puentes y Calzadas Infraestructuras en el litoral de O Salgueirón correspondían al puerto deportivo, punta de lanza del proyecto urbanístico promovido por Marina Atlántica. El cartel de obra así lo titulaba explícitamente: Instalacións portuarias para usos náutico recreativos. Fue constatado, a su vez, un importante movimiento de tierras y rellenos, acopios de materiales, la reconstrucción y ampliación de la escollera, la consolidación de una rampa y de un espigón llamado a ser la cabeza de puente del eje principal de la marina, de 600 metros, 312 mar adentro. La sentencia estima, sin embargo, que las obras fueron de consolidación y reparación de elementos portuarios, "que están exentas de control preventivo municipal por ser de interés público".
Esta interpretación, según Alberto Muñoz, abogado de la cofradía canguesa, niega la realidad y surte un efecto inverosímil: "Que una constructora, con licencia de la Autoridad Portuaria para ejecutar las obras del puerto deportivo, se entretenga haciendo otras, en zona de dominio público, para las que no cuenta con autorización de ninguna Administración". Pero los demandantes, según la sentencia, no acreditaron los hechos que se sometieron a juicio, esto es, que las obras correspondieran al puerto deportivo.
"Las concretas obras que se denuncian y que constan realizadas", dice la sentencia, "no son aún aquellas a las que se refiere la parte recurrente [las del puerto deportivo] y respecto a las cuales sí habrá de intervenir el Concello de Cangas". El fallo insiste luego en que "para la materialización del proyecto de construcción y explotación del puerto deportivo la concesionaria habrá de solicitar y obtener licencias municipales, que en su caso podrán o no otorgarse en función del planeamiento".
No pueden de momento otorgarse, y de ahí la "plena satisfacción" de la cofradía con el fallo aunque desestime su denuncia por la inhibición de la alcaldesa, del BNG. "Es estupendo, por una vez estamos todos contentos", ironiza Clara Millán. "Solo que mis motivos son reales, la sentencia reconoce lo que decíamos, que no estaba en mis competencias paralizar las obras. Yo también estuve siempre en contra del puerto deportivo, pero hay que hacer las cosas como se debe", añade.
Marina Atlántica, empresa participada por Promociones del Atlántico y Caixanova, rehusó comentar los efectos de la sentencia porque, dicen, no han "tenido parte en el procedimiento". Tampoco quiso hablar de sus expectativas en O Salgueirón. Ya no podrán ser, en cualquier caso, las iniciales, fijadas en un convenio urbanístico suscrito en 2004 pero supeditado en su eficacia a la aprobación de un plan general de urbanismo que finalmente naufragó al año siguiente.
El Ayuntamiento ahora no podría dar licencias para el puerto deportivo -ni para la urbanización de Foster en tierra- porque la parcela de O Salgueirón está clasificada como suelo predominantemente industrial y cambiarlo, a través de una modificación puntual, requeriría una tramitación equivalente a la de un plan general. Fracasado el de 2005, Consultora Galega inició en el actual mandato la redacción de otro aún en sombras, sin aprobación inicial ni exposición de lo que depara en concreto para O Salgueirón.
José Enrique Sotelo, el alcalde que impulsó los proyectos de Marina Atlántica y candidato del PP en las próximas elecciones, en el hipotético caso de ganar de nuevo la alcaldía, también apuesta por la revisión. "Entonces cometimos errores, espero que nos sirvan de enseñanza a todos", admite. "Todos tendremos que renunciar a algo, yo puedo decir que no haremos nada por encima de la cofradía".
Una parcela que multiplicó por 40 su precio
El convenio urbanístico para O Salgueirón estuvo negociándose durante tres años, de 2001 a 2004, lastrando y condicionando en ese tiempo la elaboración del plan general de Cangas. Finalmente el convenio se aprobó y firmó en el verano de 2004 y el plan general, en enero de 2005. Las protestas vecinales obligaron a suspender el plan dos meses y medio después y, con ello, el convenio, supeditado en su eficacia a la aprobación del plan.
La negociación del convenio la inició y la concluyó Conservas y Frigoríficos del Morrazo, que había comprado O Salgueirón (casi dos hectáreas)por 65 millones de pesetas (391.566 euros). A la mesa del convenio se sumaron en 2002 los representantes de Residencial Marina Atlántica, que asumieron la voz cantante de la negociación, solapando así la representación de los promotores. Marina Atlántica acabó comprando O Salgueirón a Frigoríficos por 15 millones de euros, casi 40 veces su precio inicial.
Los datos del convenio finalmente firmado no coincidían con los registrados en el plan general. Los representantes de Marina Atlántica -el promotor Ubaldino Rodríguez Bello, el arquitecto Juan Carlos Cabanelas y el jurista Francisco Javier Jiménez de Cisneros y Cid- introdujeron, por ejemplo, una edificabilidad residencial de 93.828 metros cuadrados, esto es, unas 1.000 viviendas de 60 a 100 metros cuadrados que, puestas a la venta a los precios del momento (3.005 euros el metro) reportarían a la promotora unos 282 millones de euros. Además, podría obtener otros 169 millones por las ventas de índole comercial y hotelera. Unos ingresos previsibles, pues, de 451 millones, después de gastar menos de 200 millones en urbanización, edificación y terrenos.
Pero fue como el cuento de la lechera. Con el plan general, cayó el convenio. Marina Atlántica, tratando de preservar sus planes de negocio, contrató a Norman Foster, usando la influencia de su esposa, la ourensana Elena Ochoa. El arquitecto visitó O Salgueirón en junio de 2005 y entregó un proyecto ya inviable, sin la cobertura del plan general. Marina Atlántica trató de avanzar entonces en la construcción del puerto deportivo, que chocó desde el otoño de ese año con la oposición de la cofradía de pescadores y la obstrucción del Foro Social a las obras. Ahora ya nada es igual.