Las Administraciones pagan a sus proveedores con cinco meses de retraso
Una encuesta elaborada por la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM) revela que el conjunto de Administraciones públicas del Estado pagan a sus proveedores con un retraso medio de 154 días. Como resultado de los impagos de las Administraciones, las empresas españolas acaban pagando con un retraso medio de 98 días, solo por detrás de Grecia, entre los países de la zona euro.
Pedro Torres, presidente de la PMCM, presentó ayer en Valencia las últimas novedades de la ley contra la morosidad que, formalmente, obliga a las Administraciones a pagar con un retraso máximo de 60 día...
Una encuesta elaborada por la Plataforma Multisectorial Contra la Morosidad (PMCM) revela que el conjunto de Administraciones públicas del Estado pagan a sus proveedores con un retraso medio de 154 días. Como resultado de los impagos de las Administraciones, las empresas españolas acaban pagando con un retraso medio de 98 días, solo por detrás de Grecia, entre los países de la zona euro.
Pedro Torres, presidente de la PMCM, presentó ayer en Valencia las últimas novedades de la ley contra la morosidad que, formalmente, obliga a las Administraciones a pagar con un retraso máximo de 60 días durante un periodo transitorio, hasta un máximo de 30 días en 2013. La PMCM es una organización multisectorial que agrupa a una treintena de federaciones patronales de toda España que representan a en torno a un millón de empresas y que ha logrado hacerse un hueco en el observatorio de la morosidad, una entidad que debe constituirse en abril y que velará por el cumplimiento de la nueva normativa. Torres, en una presentación en la sede de Femeval, la federación valenciana de empresas del metal, aseguró que una norma parecida y que se aplica en Francia desde hace dos años ha logrado reducir los plazos de pago de 110 a 49 días. Pero insistió en que es necesario un cambio de cultura. "Las Administraciones deben funcionar como una empresa", comentó Torres, "no pueden jugar a endeudarse cada vez más, porque luego viene alguien de fuera a exigir que hagan los deberes, como nos está pasando".
Torres invitó a la sociedad civil a rebelarse contra las prácticas abusivas de parte de todas las Administraciones. "No puede ser que las pequeñas empresas soporten las deudas de las instituciones". Y recordó que la nueva legislación exige un tratamiento específico para la deuda histórica de las entidades públicas y otro tratamiento para los nuevos compromisos de pago.
Torres celebró que algunas instituciones sí cumplen la nueva ley, entre los que citó al Ayuntamiento de Barcelona y la Xunta de Galicia.