El TSJ duda que el Consell pueda dejar de pagar 17 millones a los funcionarios
Un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) cuestiona la capacidad del Consell para suspender los compromisos económicos de la carrera profesional del personal de las consejerías tal y como estaban acordados con los sindicatos.
Un auto del tribunal, que desestima las alegaciones previas de la Generalitat al recurso interpuesto por el sindicato CSIF, cuestiona que el decreto del Gobierno que obligó a reducir la masa salarial de los funcionarios en un 5% ofrezca cobertura legal para suspender el dinero destinado a primar la productividad de los funcionario...
Un auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) cuestiona la capacidad del Consell para suspender los compromisos económicos de la carrera profesional del personal de las consejerías tal y como estaban acordados con los sindicatos.
Un auto del tribunal, que desestima las alegaciones previas de la Generalitat al recurso interpuesto por el sindicato CSIF, cuestiona que el decreto del Gobierno que obligó a reducir la masa salarial de los funcionarios en un 5% ofrezca cobertura legal para suspender el dinero destinado a primar la productividad de los funcionarios.
"Si en los presupuestos de la Generalitat del ejercicio 2010 se contemplaba un total de 17 millones de euros para la carrera profesional, en virtud del decreto [del Gobierno] esos 17 millones deberían haberse visto reducidos en un 5%, suspendiendo aquellos acuerdos o parte de los mismo que hicieran inviable de aplicarse dicha reducción, pero efectivamente no debería afectar a la totalidad del acuerdo en más de un 5%", asegura el auto de la Sala de lo Contencioso-administrativo.
El CSIF considera que el Consell suprimió el acuerdo de la carrera profesional, firmado el 20 de febrero de 2008, sin cobertura legal y justificó en el decreto del Gobierno la decisión de retirar la partida de 17 millones de euros. La Sala de lo Contencioso advierte, sin embargo, que el contenido del decreto ley del Gobierno y su alcance constituyen en realidad la cuestión de fondo, por lo que advierte al Consell que ya tendrá oportunidad de volver a plantear sus argumentos en el momento procesal pertinente.
Para el CSIF -igual que para otras centrales sindicales-, la Consejería de Economía que dirige Gerardo Camps aprovechó la rebaja del 5% de los funcionarios como cobertura para dejar en suspenso otros acuerdos económicos que no estaban afectados por la decisión del Gobierno.