Marbella refuerza la inspección urbanística
El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha dado un paso más para controlar el urbanismo. El equipo de gobierno de Ángeles Muñoz, del PP, ha creado un registro de actas de inspección urbanística en el que aparecerán reflejadas cada una de las posibles infracciones que detecten los inspectores en sus visitas. Este registro será de acceso público, aunque habrá que acreditar el interés para consultar los expedientes. Algunos datos, como el nombre de los denunciantes, estarán protegidos, según Pablo Moro, edil de Urbanismo marbellí.
Aunque el reglamento se aprobó inicialmente el pasado 18 de en...
El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha dado un paso más para controlar el urbanismo. El equipo de gobierno de Ángeles Muñoz, del PP, ha creado un registro de actas de inspección urbanística en el que aparecerán reflejadas cada una de las posibles infracciones que detecten los inspectores en sus visitas. Este registro será de acceso público, aunque habrá que acreditar el interés para consultar los expedientes. Algunos datos, como el nombre de los denunciantes, estarán protegidos, según Pablo Moro, edil de Urbanismo marbellí.
Aunque el reglamento se aprobó inicialmente el pasado 18 de enero, el Ayuntamiento no prevé que entre en vigor hasta finales de año, ya que debe pasar otros trámites. "El servicio ya se está prestando de forma oficiosa, pero el reglamento dará una mayor cobertura legal", explica Moro.
El responsable de área asegura que, durante los tres lustros de gobiernos gilistas, en Marbella era casi una costumbre tratar de sacar "una propina urbanística al Ayuntamiento". "Si se otorgaba una licencia para construir en una cantidad de metros siempre se intentaba colar algo. De hecho, todavía los hay que persisten en construir sin licencia", mantiene.
"La figura del inspector ya estaba creada, otra cosa es la utilización que se hacía de ellos", añade Moro.
"Llega tarde"
Javier de Luis, edil no adscrito y miembro de Ecologistas en Acción, incide en que el gobierno popular ha esperado demasiado para dar este paso. "Se crea cuando termina la legislatura y después de negarse a crear un archivo de transferencia de aprovechamientos urbanísticos, algo que permitiría conocer cada euro que entra en las arcas municipales por motivos urbanísticos y quién lo ha puesto", detalla.
Jorge González, el funcionario marbellí cuyo testimonio sirvió para que el juez Miguel Ángel Torres comenzara a investigar el caso Malaya, detalló durante su declaración en el juicio que las infracciones más groseras eran las que menos se sancionaban. González era el jefe de los servicios jurídicos de Urbanismo, pero según su relato, no tenía ninguna función en disciplina urbanística porque el municipio tenía externalizadas esas funciones desde 1998.