Trabajo crea un fondo de políticas de empleo para atender a parados
La anhelada reforma de las políticas activas de empleo comenzó ayer a ser una realidad. El Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley que le da luz verde. Entre las novedades que recoge la reforma está la creación de un nuevo fondo que, de momento, no cuenta con recursos. De hecho, el Gobierno no ha destinado partida alguna al citado fondo, ya que según explica el Ministerio de Trabajo se nutrirá con "remanentes presupuestarios del Servicio Público de Empleo y en el caso de políticas de formación para el empleo, además, cuando se produzca una recaudación superior a la presupuestada".
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La anhelada reforma de las políticas activas de empleo comenzó ayer a ser una realidad. El Consejo de Ministros aprobó el real decreto ley que le da luz verde. Entre las novedades que recoge la reforma está la creación de un nuevo fondo que, de momento, no cuenta con recursos. De hecho, el Gobierno no ha destinado partida alguna al citado fondo, ya que según explica el Ministerio de Trabajo se nutrirá con "remanentes presupuestarios del Servicio Público de Empleo y en el caso de políticas de formación para el empleo, además, cuando se produzca una recaudación superior a la presupuestada".
La reforma de las políticas activas de empleo, como la del sistema de pensiones, se desprende del Acuerdo Social y Económico que Gobierno, sindicatos y empresarios firmaron el pasado 2 de febrero. En él ya se recogían las líneas básicas del decreto que ayer aprobaron los ministros.
Con el cambio, el Ejecutivo pretende personalizar la atención a los parados. Para ello, planea que cada uno de los registrados en las oficinas públicas de empleo cuente con un itinerario en el que se diseñe la trayectoria a seguir por el parado para que encuentra trabajo cuanto antes.
Ese itinerario, que se irá implantando progresivamente hasta 2013, determinará que servicios tendrá que seguir el parado: cursos de formación, orientación laboral, reciclaje profesional, motivación para el autoempleo... Para que el parado disponga y atienda obligatoriamente de estos servicios, el decreto contempla la mejora de la comunicación entre comunidades autónomas, las que gestionan las políticas activas, y el Ministerio de Trabajo, el encargo de imponer sanciones. Con ello se busca aumentar el control a los desempleados e imponerles la sanción correspondiente si rechazan seguir las instrucciones de los Servicios Públicos de Empleo.
Una vez aprobado el decreto CC OO criticó la escasez de recursos de las oficinas de empleo para atender a los parados. En su opinión, los 3.000 orientadores, los encargados de elaborar los itinerarios, son insuficientes para realizar esta tarea. Por su parte, el secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, subrayó que la reforma es "un paso importante". Por ello instó a los grupos políticos a que se tramite en el Parlamento cuanto antes.