La Junta desoyó tres avisos sobre la gestión de los falsos ERE
La Intervención envió informes a Empleo cuestionando las ayudas
La Intervención General de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía, envió tres informes a la Dirección General de Trabajo cuestionando el proceso para financiar ayudas a empresas en crisis y expedientes de regulación de empleo. Las advertencias fueron remitidas en 2005, 2006 y 2007, y en todos los casos fueron desoídas por los responsables de Empleo.
Los informes de la Intervención fueron remitidos a tres responsables: el director general, el viceconsejero y el consejero. En esa fecha, esos puestos los ocupaban Javier Guerrero, Agustín Barberá y Antonio Fernánd...
La Intervención General de la Junta de Andalucía, dependiente de la Consejería de Economía, envió tres informes a la Dirección General de Trabajo cuestionando el proceso para financiar ayudas a empresas en crisis y expedientes de regulación de empleo. Las advertencias fueron remitidas en 2005, 2006 y 2007, y en todos los casos fueron desoídas por los responsables de Empleo.
Los informes de la Intervención fueron remitidos a tres responsables: el director general, el viceconsejero y el consejero. En esa fecha, esos puestos los ocupaban Javier Guerrero, Agustín Barberá y Antonio Fernández. Guerrero aseguró a la policía que manejó sin control un fondo dotado con 647 millones. Según el atestado, Guerrero dijo que dispuso de un "fondo de reptiles".
Los informes de la Intervención, que no eran vinculantes, fueron rebatidos por los asesores de Empleo, que continuó utilizando el procedimiento de la transferencia de financiación de explotación en lugar de la figura de la subvención excepcional sugerida por los inspectores. El primer procedimiento se escogió porque agilizaba los trámites de concesión de ayudas sin someterlas a fiscalización, que podría suspender la tramitación.
Entre los motivos por los que la Intervención pone reparos figuraba el que se producían desfases financieros. Así, a finales de 2004, el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) había superado en algo más de 38 millones el límite de créditos aprobados. Otro de los reproches es que el IFA no emitió resolución previa a los pagos a las empresas estableciendo las condiciones para las compañías receptoras de las ayudas o el régimen de justificación posterior al pago.