La abogada del Estado, contra el secretario de Estado
Industria intenta desarmar el informe de su 'número dos' sobre Garoña
La Audiencia Nacional acogió ayer una sesión peculiar. La abogada del Estado que defiende al Ministerio de Industria en la demanda por el cierre de Garoña intentó desmontar el informe pericial realizado a favor de la nuclear por el nuevo secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández. La letrada, según tres fuentes presentes en la declaración, sostuvo que el informe inflaba la previsión de demanda eléctrica para favorecer a Endesa e Iberdrola, propietarias de la nuclear al 50%.
Las eléctricas reclaman gracias a ese informe una indemnización de 951 millones. Hernández -al que Greenp...
La Audiencia Nacional acogió ayer una sesión peculiar. La abogada del Estado que defiende al Ministerio de Industria en la demanda por el cierre de Garoña intentó desmontar el informe pericial realizado a favor de la nuclear por el nuevo secretario de Estado de Energía, Fabrizio Hernández. La letrada, según tres fuentes presentes en la declaración, sostuvo que el informe inflaba la previsión de demanda eléctrica para favorecer a Endesa e Iberdrola, propietarias de la nuclear al 50%.
Las eléctricas reclaman gracias a ese informe una indemnización de 951 millones. Hernández -al que Greenpeace pidió ayer la dimisión- no fue a defender su peritaje. Lo hizo el otro firmante, Óscar Arnedillo.
La letrada esgrime que se inflaron datos en favor de Endesa e Iberdrola
Fabrizio Hernández tomó posesión el 10 de enero en Industria como secretario de Estado de Energía. Antes, desde Nera Consulting, asesoró a Iberdrola, Endesa, Gas Natural, Enel, Repsol, Galp, Exxon, según el currículum enviado a la Audiencia. La Ley de Conflicto de Intereses, de 2006, le obliga a inhibirse en los asuntos que afecten a empresas que asesoró los dos años previos, casi todo el sector.
El caso más notorio se dio ayer. Nuclenor (propietaria de Garoña) le había citado para ratificar el peritaje que hizo junto a Arnedillo en marzo de 2010. En él se establecía el lucro cesante de la nuclear en 951 millones por la decisión de Industria de cerrarla en 2013. El peritaje considera con un 95% de probabilidad que Garoña seguiría abierta hasta 2029, 16 años más de lo que ha aprobado el Ejecutivo. La letrada de Industria criticó esa asunción, pues Nuclenor solo pidió una prórroga hasta 2019, 10 años menos de lo que utiliza Hernández.
La abogada insistió en que la falta de rigor del documento por usar una previsión de demanda eléctrica inflada. Y argumentó que en diciembre de 2009 el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, llevó al Congreso una previsión de demanda un 20% menor a la del informe.
También criticó que Hernández no tiene en cuenta que los costes de mantenimiento aumentan al envejecer la planta, que prevé una subida del uranio inferior a la de los últimos años y recordó que Oyster Creek, la central gemela de Garoña en EE UU, cerrará en 2019, con 50 años, ocho menos de los que prevé el secretario de Estado.