Veterinarios de la Xunta denuncian presiones
Representantes de los 116 trabajadores de la empresa pública Seaga asistieron ayer a la tercera reunión de consultas previas tras la convocatoria del ERE sobre el total de la plantilla, la mayoría veterinarios encargados de identificar las vacas de todas las explotaciones de Galicia. En ella hicieron constar las "presiones" -de "verdadero acoso laboral" en palabras del abogado de los veterinarios, Xavier Ferreira- a las que están sometidos los trabajadores, a los que la gerencia ha ordenado entregar todo el material del que disponen incluso sin conocerse cómo se resolverá el ERE.
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Representantes de los 116 trabajadores de la empresa pública Seaga asistieron ayer a la tercera reunión de consultas previas tras la convocatoria del ERE sobre el total de la plantilla, la mayoría veterinarios encargados de identificar las vacas de todas las explotaciones de Galicia. En ella hicieron constar las "presiones" -de "verdadero acoso laboral" en palabras del abogado de los veterinarios, Xavier Ferreira- a las que están sometidos los trabajadores, a los que la gerencia ha ordenado entregar todo el material del que disponen incluso sin conocerse cómo se resolverá el ERE.
Los veterinarios denuncian, además, que desde hace un mes no reciben los crotales (chapas identificativas) demandadas por los ganaderos, aun cuando están llamados a seguir en su puesto de trabajo hasta el último día del año. La respuesta que recibe el ganadero cuando solicita el servicio de un veterinario identificador es que "hay dificultades para cubrir la ruta" y que debe acogerse al nuevo sistema en vigor desde principios de diciembre: recurrir a una entidad identificadora-todavía se están registrando las primeras- o hacerlo él mismo tras recoger las chapas en una Oficina Agraria Comarcal.
De la reunión con la gerencia también salieron propuestas de viabilidad del comité de empresa: renunciar a 15 trabajadores para seguir con el servicio y subir a cuatro euros las tasas que cobra Seaga por cada crotal para que la empresa tenga beneficios. Medio Rural propone, por su parte, indemnizaciones por un total de dos millones de euros para los 116 despedidos.