Una trama creaba proyectos solidarios para desviar fondos, según Compromís

La gestión económica de los proyectos de cooperación en diversos países, "independientemente de que figure así en los documentos y sin que se comunique formalmente a la Generalitat, es realizada por la Fundación Solidaria Entre Pueblos, quien maneja las cuentas, ordena pagos, etcétera...". La diputada Mireia Mollà, de Compromís, entregó hace unos días al fiscal anticorrupción de Valencia, Jesús Carrasco, un informe en el que explica cómo funcionaba la supuesta trama para captar subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafel Blasco. Mollà había aportado una abundant...

La gestión económica de los proyectos de cooperación en diversos países, "independientemente de que figure así en los documentos y sin que se comunique formalmente a la Generalitat, es realizada por la Fundación Solidaria Entre Pueblos, quien maneja las cuentas, ordena pagos, etcétera...". La diputada Mireia Mollà, de Compromís, entregó hace unos días al fiscal anticorrupción de Valencia, Jesús Carrasco, un informe en el que explica cómo funcionaba la supuesta trama para captar subvenciones de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía, que dirige Rafel Blasco. Mollà había aportado una abundante documentación sobre el asunto, que dio pie a que el fiscal emprendiera una investigación y, al igual que hizo la diputada socialista Clara Tirado, -que denunció sendas subvenciones a la Fundación Cultural y de Estudios Sociales para proyectos de cooperación en Nicaragua con las que supuestamente se adquirieron dos entresuelos en Valencia-, ha preparado para la fiscalía un informe sobre las irregularidades cometidas.

Los proyectos de las ONGD eran, en realidad, gestionados por la fundación

Según el informe de la diputada de Compromís, la gestión económica de los proyectos de varias pequeñas organizaciones no gubernamentales de ayuda al desarrollo (ONGD) desde la matriz de la trama, la Fundación Solidaria Entre Pueblos (constituida a finales de 2008 y hoy denominada Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana, al haber tenido que cambiar de nombre por sentencia judicial), supone un enmascaramiento de información sustancial, dado que "oculta la incapacidad de la entidad solicitante para su administración" y vulnera las bases de la convocatoria de "grandes proyectos" de cooperación internacional. Además, según la diputada, que hace reiteradas referencias a informaciones contenidas en la documentación entregada al fiscal, existen otras irregularidades relativas a las evaluaciones externas de los proyectos, realizadas por la propia entidad "o por empresas ligadas a la trama y con vinculación directa con las entidades que gestionan el proyecto".

Toda esa forma de operar, que apoya documentalmente, tendría como objeto "la utilización indebida de fondos y su presunto desvío". Una utilización indebida que se realizaba mediante el pago de servicios a empresas españolas, pese a que en materia de cooperación "únicamente puede recurrirse al envío de equipos y suministros desde España cuando estos no existen en el país de destino o corresponden a donaciones gratuitas"; mediante el sobrecoste de los servicios prestados (que la diputada ilustra analizando varios proyectos), o debido la inexistencia de los servicios que se facturaban.

El informe dedica un apartado a señalar la "connivencia necesaria de la Administración" con el funcionamiento de la trama y el "trato de favor" a la actual Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana (antes Fundación Solidaria Entre Pueblos).

Toda esa descripción, acompañada de documentos que revelan la relación de los responsables de la fundación con la consejería de Blasco, se concreta en el análisis de los proyectos de varias ONGD. Entre ellas está Fudersa (Fundación para el Desarrollo Rural y Salud), cuyos proyectos de 2009 para el desarrollo agrícola y empleo para la mujer en Monteplata (República Dominicana), consistentes básicamente en la instalación de unos invernaderos, son minuciosamente revisados.

Los costes indirectos de los proyectos de Fudersa "fueron transferidos a un abogado, Jesús Sánchez, cuya dirección fiscal (según la factura) coincide con la de la sede de Fudersa", señala el informe de Mireia Mollà. La diputada apunta que los costes indirectos se derivan de la formulación, seguimiento y evaluación. "¿Qué servicios prestaba el abogado?", se pregunta. Hay, entre la documentación, órdenes de pago, facturas y transferencias bancarias a empresas de la trama, prosigue el informe, que "suponen la prestación de unos servicios que no coinciden con la naturaleza jurídica de las empresas". Más del 50% de las subvenciones se subcontrataban.

Los talleres del proyecto fueron realizados por personal expatriado, pero la factura y la transferencia bancaria indican que cobró más de 170.000 euros por su realización la empresa Dinamiz-e, dedicada a la informática y creadora junto con Arcmed, de la actual Fundación Hemisferio de la Comunidad Valenciana. La evaluación final fue realizada por Avance Abogados, empresa de la que forma parte José Bollaín Pastor, secretario no patrono de la fundación que actúa como "matriz gestora" de las subvenciones de las ONGD.

Ingresos multiplicados

Según el informe de la diputada de Compromís, Fudersa tuvo unos ingresos en 2008 de 20.065 euros, que en 2010 se han transformado en 1,4 millones, "solo de ingresos proporcionados por la Generalitat". Al igual que ocurre con el resto de organizaciones implicadas, la antigua Fundación Solidaria Entre Pueblos y Fudersa establecieron convenios de colaboración para actuar de mutuo acuerdo en la designación de las ONGD colaboradoras con el explícito objetivo de preparar proyectos para la convocatoria de la Generalitat.

En un resumen del modus operandi de la supuesta trama, el informe presentado por Mollà a anticorrupción destaca que personal de la fundación, mediante poderes notariales que obran en la documentación, tenía acceso a las cuentas de las ONGD subvencionadas por la consejería de Blasco. También se indica que todos los proyectos "tienen la misma tipología", ya que los bienes y suministros son comprados en España en las mismas empresas. "Todos los proyectos incluyen elevadas facturas por estudios realizados por Arcmed y Desfa, S L, empresas que no tienen por objeto social las áreas que indican esos informes".