El Consejo Consultivo desestima las quejas del PP por el canon del agua
Un dictamen desaconseja recurrir la ley andaluza al Tribunal Constitucional
El Consejo Consultivo de Andalucía considera que "no existen fundamentos jurídicos suficientes" para plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por el canon autonómico para financiar las obras de depuración de aguas, contemplado en la ley de Aguas de Andalucía. Esta norma entrará en vigor el 1 de enero. El dictamen, acordado el pasado 20 de diciembre, cuenta con los votos discrepantes de dos consejeros propuestos por el Partido Popular.
El pronunciamiento del Consejo Consultivo es preceptivo, aunque no vinculante, por lo que no cercena la posibilidad de que lo...
El Consejo Consultivo de Andalucía considera que "no existen fundamentos jurídicos suficientes" para plantear un conflicto de competencias ante el Tribunal Constitucional por el canon autonómico para financiar las obras de depuración de aguas, contemplado en la ley de Aguas de Andalucía. Esta norma entrará en vigor el 1 de enero. El dictamen, acordado el pasado 20 de diciembre, cuenta con los votos discrepantes de dos consejeros propuestos por el Partido Popular.
El pronunciamiento del Consejo Consultivo es preceptivo, aunque no vinculante, por lo que no cercena la posibilidad de que los ayuntamientos que han elevado esta consulta puedan acudir al alto tribunal. Un total de 113 ayuntamientos, en su mayoría con alcaldes del PP, se dirigieron a la institución porque considera que el canon del agua "lesiona la autonomía local de los municipios". Para evitar la multiplicación de conflictos ante el Tribunal Constitucional, la ley exige una consulta preceptiva en aquellas comunidades que dispongan de órgano consultivo y una serie de requisitos como el establecer un mínimo de municipios afectados (110 en el caso de Andalucía) y de población (un sexto del total).
El dictamen recuerda que la ley de Aguas "enlaza claramente" con la directiva europea 2000/60 que "impone a los Estados miembros el deber de garantizar, a más tardar en 2010, que la política de precios de agua proporciones incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos".
Los 113 ayuntamientos entienden que lesiona el principio de autonomía local porque se trata de un tributo autonómico que impone a los ayuntamientos una serie de obligaciones de gestión y recaudación que obligará a un "nuevo sistema de facturación que dependerá del consumo y del número de miembros censados en cada vivienda, lo que requerirá una gran carga de trabajo administrativo por parte de los ayuntamientos y de las empresas suministradoras que incluso tendrán que modificar los actuales programas informáticos de facturación".
El Consejo Consultivo recuerda que son varias las comunidades que han establecido disposiciones legales similares y que los cánones contemplados en la ley de Aguas "en modo alguno pueden lesionar la autonomía local puesto que se trata de ingresos propios de la comunidad autónoma". También desestima el otro argumento planteado por los ayuntamientos en defensa de la autonomía local por el que se condicionan las ayudas autonómicas al control de las fugas de agua.