Un imputado en el 'caso Malaya' opta a la alcaldía de Córdoba
El empresario cordobés Rafael Gómez, Sandokán, imputado en caso Malaya, el mayor de corrupción de España, anunció ayer que se presentará en las próximas elecciones municipales con el partido Unión Cordobesa.
A Sandokán se le atribuye en el caso Malaya un supuesto delito de cohecho, por lo que tuvo que depositar una fianza de 300.000 euros para salir en libertad.
Gómez también tiene abierto un expediente urbanístico en el Ayuntamiento de Córdoba por la construcción sin licencia de las naves industriales en las que ayer convocó a los medios de comunicación y po...
El empresario cordobés Rafael Gómez, Sandokán, imputado en caso Malaya, el mayor de corrupción de España, anunció ayer que se presentará en las próximas elecciones municipales con el partido Unión Cordobesa.
A Sandokán se le atribuye en el caso Malaya un supuesto delito de cohecho, por lo que tuvo que depositar una fianza de 300.000 euros para salir en libertad.
Gómez también tiene abierto un expediente urbanístico en el Ayuntamiento de Córdoba por la construcción sin licencia de las naves industriales en las que ayer convocó a los medios de comunicación y por las que tendría que pagar una multa de 24,6 millones de euros
Sandokán restó importancia a su imputación y a su multa pendiente con el Ayuntamiento, pues estos problemas, según dijo, se deben a que es un "ciudadano normal".
La implicación de Gómez en ambos procedimientos no le impide optar a la alcaldía de Córdoba, puesto que en el primero de los casos prevalece la presunción de inocencia y en el segundo, se trata de una cuestión administrativa.
En cambio, en el caso de que Gómez consiguiera acta de concejal y después fuera declarado culpable de un delito de cohecho tendría que dejar su cargo de edil.
Sin embargo, en el hipotético caso de que Gómez fuera elegido concejal, no tendría que abandonar el cargo si fuera condenado a pagar la multa urbanística y derribar una parte de sus naves industriales construidas sin licencia en la carretera de Palma del Río, pues se trata de una sanción administrativa, no penal.